El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, informó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permitió deliberadamente una pérdida de 357 millones de pesos, al dejar que prescribieran 49 pagarés respaldados con recursos del erario.

El legislador consideró que en el SAE son inexistentes los procesos y parámetros de cobro, permitiendo la afectación a las finanzas públicas.

Existe el riesgo inminente de que las pérdidas para la hacienda pública sean mayores, pues dicha institución carece de un sistema integral jurídico, un programa de recuperación crediticia, metas y objetivos para medir su eficiencia y economía procesal.

Tras la revisión elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al desempeño del SAE, se descubrieron omisiones en la obligatoriedad de generar reportes y seguimientos de procesos judiciales, y la carencia de un programa de recuperación judicial y extrajudicial con metas, objetivos, montos de cartera vencida, número de deudores, número de juicios y montos demandados en la unidad responsable de elaboración y ejecución de los programas.

Carece de metas; ingenios afectaron el erario

El SAE también careció de metas e indicadores que le permitieran medir la eficacia y eficiencia de los proceso de recuperación de cartera vencida. Tan sólo en la fiscalización de la cuenta pública 2012 la ASF identificó la prescripción de 49 pagarés por 357 millones de pesos, porque al SAE se le olvidó ejercer el derecho de cobro, señaló Muñoz Soria.

Entre los pagarés por cobrar, que mayor afectación provocaron al erario se encuentran los de los ingenios Santa Rosalía por un monto de 138 millones de pesos; Pujiltic, por 212 millones, y el Independencia, por un millón de pesos.

Los pagarés fueron recibidos del fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, que tuvo a su cargo el proceso de extinción de dichos ingenios.

Ahora se trata de que el SAE haga del conocimiento público la matriz de indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de cartera, con la finalidad de evitar más prescripciones por la falta de ejercicio de derecho de cobro.