La Procuraduría General de la República (PGR) debe citar a declarar de inmediato a Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Tello Peón y Enrique Pérez Rodríguez para que respondan a las imputaciones que este jueves les hizo el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, como presuntos responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Puente Grande, en enero de 2001, sostuvo Jorge Reyes Peralta, presidente de la agrupación.

En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la PGR, el abogado veracruzano indicó que entre las pruebas que deberá desahogar el Ministerio Público Federal destacan varias pruebas documentales y testimoniales que implican a esos ex funcionarios públicos en la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Recordó que, “curiosamente, unos meses previos a la fuga de El Chapo Yunes Linares salió de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social para dejar en el cargo a Enrique Pérez Rodríguez, quien ha sido su incondicional de toda la vida”.

Prueba de ello, dijo, es que actualmente Pérez Rodríguez ocupa la secretaría del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, cuyo alcalde es Miguel Ángel Yunes Márquez, uno de los hijos del ex titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El presidente de una de las agrupaciones de penalistas más grandes del país (la integran unos 3 mil abogados) dijo que el Ministerio Público Federal deberá ejercitar acción penal contra los imputados por evasión de reos, delincuencia organizada y cohecho, delitos que no prescriben.

De acuerdo con Reyes Peralta, en ocho años en que fungió como funcionario de las áreas estratégicas que manejan las cárceles, Yunes Linares fue contertulio de los más grandes barones de las drogas en el país, incrementando su ostentosa fortuna.

El abogado hizo un recuento de los cargos públicos que Yunes Linares ocupó en la administración del panista Vicente Fox, donde fue asesor del subsecretario de Seguridad Pública, director general de Prevención y Readaptación Social, coordinador de asesores del subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, y subsecretario de Seguridad Pública Federal; todos entre 1998 y 2006.

El ejercicio responsable de nuestra profesión no se debe circunscribir a apoyar las reformas constitucionales en materia penal, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales o la certificación y colegiación obligatoria; también, como técnicos del derecho, debemos poner nuestra experiencia profesional al servicio de las mejores causas, marcando un alto a la impunidad y coadyuvando en el castigo a los desleales funcionarios que infringieron la ley traicionando a México. Por moral pública se deben continuar las investigaciones (contra Yunes y los otros ex funcionarios), destacó.