La crítica y franco rechazo a la minuta de Ley Federal de Consulta Popular, promovida por diputados de oposición, no fructificó en modo alguno y el pleno camaral aprobó en lo general y en lo particular el decreto que reglamentará la reforma político-electoral.

La minuta del Senado propició desde el miércoles controversia entre los promoventes del documento y aquellos que pretendían modificarlo porque, a su parecer, acota el ejercicio de la consulta popular cuando se ponga en duda la acción del Estado y sus instituciones.

Anteayer, a pesar de encontrarse enlistada la minuta en la orden del día de la sesión, un grupo de legisladores reclamó el procedimiento fast track mediante el cual se pretendía aprobar el texto sin que pasara por las comisiones revisoras. Esto propició el enojo de esos diputados, quienes tomaron momentáneamente la presidencia camaral en el pleno.

Con objeto de destrabar la manifestación de molestia generada, los coordinadores parlamentarios –a propuesta del priísta Manlio Fabio Beltrones– optaron por llegar al acuerdo de que la minuta se enviara a la Comisión de Gobernación para su análisis y revisión.

Una mayoría de diputados priístas, verdes y panistas dejaron que los opositores a la minuta manifestaran su rechazo al contenido de la misma. Poco expresaron quienes defendían el texto y a la hora de la votación se impuso la tendencia para no cambiar ni modificar la redacciónñ hubo 19 votos en favor y 4 en contra.

Librado ese obstáculo, la minuta regresó a la mesa directiva de San Lázaro, que de inmediato la enlistó en el orden del día de ayer. Precisamente ese fue el tema que ocupó el desarrollo de los trabajos del pleno camaral.

Así, el texto fue presentado desde la tribuna. Se ponderó que la consulta popular tendrá razón de ser cuando persistan temas considerados de trascendencia nacional, y éstos contengan elementos que repercutan en la mayor parte del territorio o impacten significativamente a la población.

La citada trascendencia se calificará así –o no– por la mayoría de los integrantes de cada cámara del Congreso, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos. En este último caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que determiné si procede o no.

La minuta considera que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los ciudadanos, en un número al menos de 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Aquellos temas que no podrán ser objeto de consulta popular serán: la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 del mismo ordenamiento; los de materia electoral; los ingresos y gasto del Estado; seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Sobre el particular, uno de los detractores de la minuta, Manuel Huerta, del Partido del Trabajo, consideró que la ley no cumple con los principios en pro de la persona, porque ‘‘establece una ruta tortuosa y complicada para preservar la petición de la consulta popular’’.

Especificó asimismo que el aviso de intención, incluido en el artículo 14, donde se explicita la forma de recabar las firmas de apoyo, representa ‘‘una formalidad extrema que no promueve ni garantiza el derecho de los ciudadanos apara promover las consultas populares’’.

Por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño expuso que si bien ha persistido en los años recientes la lucha social por contar con una iniciativa popular, la minuta que se aprobaría ayer es más título que contenido, porque tiene limitaciones que difícilmente podrán conducir a aplicar la participación de la ciudadanía en un ejercicio de esta naturaleza.

‘‘Si en el año 2015 se hace una consulta sobre la reforma energética, ésta debió haber tenido lugar en el momento en el que se sometían a consideración las modificaciones correspondientes, en virtud de que para ese año es muy probable que no esté entonces en la agenda de la opinión pública ese tema.’’

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja (MC) calificó la ley de ‘‘simulación, porque vuelve prácticamente imposible el ejercicio de la democracia participativa con candados insalvables’’.

En respuesta, el panista Fernando Rodríguez ponderó la propuesta porque ‘‘nos va a ayudar a tener un mejor sistema político, una ciudadanía más informada y más activa y permitir una democracia más participativa’’.