La empresa Oceanografía pidió un amparo contra el aseguramiento de la firma que ordenó en días pasados la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la investigación por un supuesto fraude en créditos de Banamex-Citibank, informaron fuentes del Poder Judicial.

En las próximas horas, el juzgado al que le corresponda conocer la demanda de garantías determinará si admite o desecha la misma petición.

A decir de abogados de Oceanografía, el director del consejo de administración de la empresa, Amado Yáñez Osuna, se presentará a las autoridades cuando existan las garantías jurídicas suficientes para ello, al tiempo que rechazaron informar si el empresario se encuentra en Estados Unidos o en territorio mexicano.

Entre 2001 y 2013, Oceanografía y su propietario fueron objeto de al menos 30 demandas civiles ante varias cortes federales de Estados Unidos, debido a incumplimientos contractuales, confirmaron los abogados.

Indicaron que, en violación al principio de presunción de inocencia, la PGR puso a resguardo de las autoridades hacendarias los bienes de la compañía.

Al respecto, funcionarios de la procuraduría precisaron que la orden de aseguramiento se emitió después de que Yáñez Osuna incumplió con diversos citatorios personales que emitió en su contra el Ministerio Público Federal para que compareciera y aclarara las imputaciones que ha realizado en su contra Banamex.

Al frente de Oceanografía, Amado Yáñez ha sido acusado desde lavado de dinero y fraude hasta tráfico de influencias, pues se asegura que utilizó en 2005 sus contactos con Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún (hijos de la esposa de Vicente Fox, Marta Sahagún) para hacerse de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuentes jurídicas cercanas a Banamex-Citigroup informaron que en la averiguación previa abierta por el caso Oceanografía únicamente se apunta como probable responsable a Yáñez Osuna y a los miembros de su consejo directivo, mientras que los hermanos Bribiesca no han sido requeridos.

En febrero pasado, Oceanografía fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque Pemex detectó que entregaba fianzas incompletas.