Con el respaldo político y la ‘‘recomendación’’ administrativa de Marta Sahagún, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, y el tío de éstos, Guillermo Sahagún Jiménez, ‘‘se catapultó la empresa Oceanografía a través de una red de delincuencia organizada en la que participaron los familiares de aquel Presidente de la República’’, sostuvo Jesús González Schmal, quien encabezó en la Cámara de Diputados la Comisión Investigadora de la empresa Construcciones Prácticas y su vinculación con los hijos de la segunda esposa de Vicente Fox Quesada.

Al mencionar que la familia de Fox se convirtió en factótum de la corrupción, el abogado González Schmal recordó que el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, intervino para evadir la responsabilidad de los Bribiesca en la compra fraudulenta de cartera de bienes del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), valuados en mil 250 millones de pesos, adjudicada a los hijos políticos de Fox por la cifra de 12 millones de pesos.

Recomendación de Oliva Ugalde

El entonces auditor le dijo a González Schmal que le habían recomendado declarar ante el Ministerio Público que las pruebas presentadas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados eran ‘‘irregularidades intrascendentes’’. Y justo quien recomendó al auditor que negara su postura original, emitida ante un grupo de legisladores, fue el actual encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Alfonso Oliva Ugalde.

De su paso por la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, González Schmal recuerda: ‘‘Nosotros descubrimos que los hijastros de Vicente Fox, que eran muchachos que traían un vocho sin llanta de refacción, en pocos meses ya viajaban en Lear Jet privado. La diputada Martha Lucía Micher y yo propusimos la creación de la comisión especial, y así comenzó a fluir la información de cómo estos tipos se quedaron con una adjudicación de una subasta que se hizo en el IPAB, y que tenía un valor de avalúo de mil 250 millones de pesos.

‘‘Y creyeron que nos iban a borrar la huella, porque ellos no aparecían en Construcciones Prácticas, y descubrimos que sí, pero lo más grave fue que la ASF, que dirigía Arturo González de Aragón, no detectó que el cheque con el que se pagó la tercera parte de esa subasta estaba girado por Alberto Bribiesca Sahagún.’’

–¿Hubo connivencia del auditor con los Bribiesca?

–Sí, y muy grave. Ese cheque no lo había advertido la auditoría a pesar de su revisión, y además deliberadamente nos lo pasaron en una copia muy borrosa.

‘‘Cuando nosotros amplificamos la copia del cheque, y descubrimos que estaba el nombre de este Bribiesca Sahagún, los integrantes de la comisión fuimos con González de Aragón y yo le dije: ‘oye, ¿esto es correcto?’ Y él me dijo: ‘no, ¡cómo va a ser correcto! Es una barbaridad’, y le reclamé: ‘¿Por qué no lo consignaron? ¡esto va a ser muy serio!’

‘‘Y cuando nosotros desde la comisión hicimos la denuncia ante el Ministerio Público, yo le dije a González de Aragón qué era lo que él prefería: si nosotros mandábamos hacer un dictamen pericial con el Colegio de Contadores Públicos para que nos dijera si el cheque en esas condiciones era o no legal, de acuerdo con las prácticas de licitaciones y de subastas, y me dijo que no, que eso era irregular, y le dije: ‘puedo pedirte que la ASF sea llamada a declarar ante el Ministerio Público y respondas esto que nos estás diciendo aquí’, y me respondió: ‘¡sí, cómo no, yo lo haré!’

‘‘Entonces yo le pedí al Ministerio Público que llamara a González de Aragón. Y resulta que lo mandaron llamar, ¡y dijo que no!, que se trataba de una irregularidad intrascendente, ¡fíjate nada más! Se trataba de un hijastro del Presidente de la República y a esta opacidad se sumó el titular del IPAB, Mario Beauregard, que consintió eso.’’

–Con eso el auditor ocultaba una evidencia sustantiva para el caso –se le hizo notar a González Schmal.

–Pero (hubo) algo más grave que me enervó, y le expresé: ‘‘oye, eso no es posible, tú me dijiste lo contrario’’. González de Aragón se puso nervioso, y contestó: ‘‘mira, es que fue recomendación de mi director jurídico, y es que yo no soy abogado, y mi director jurídico me dijo: ‘tiene que decir que se trató de una irregularidad intrascendente’’’.

–¿Quién era ese director jurídico? –se le preguntó.

–El actual encargado de la Secretaría de la Función Pública federal, Julián Alfonso Oliva Ugalde. Y claro, es exactamente la misma red de delincuencia organizada del PAN donde estaba Juan Bueno Torio.

–Juan Bueno goza de fuero desde hace más de siete años –se le hizo notar al entrevistado.

–Nosotros le presentamos a la PGR (Procuraduría General de la República) la escrituras de las empresas de su hermana, de su tío, de su papá, de todas las empresas que tenían la concesión para el transporte de combustible en Pemex, otorgado por él sin licitación, fue adjudicación directa. Bueno exhibió una carta donde le decía al director de Pemex: ‘‘va a haber una designación de transportistas, van a concursar unos parientes míos, le ruego que me exima de tomar una decisión al respecto’’. Fue una carta que se presentó después de que nosotros hicimos la denuncia. El MP se plegó. Así, de ese tamaño, fueron las cosas.