Erogaciones duplicadas o erróneas en contratos del servicio de cirugía de mínima invasión: ASF
Irregularidadesen gastos del IMSS por $171 millones, en 2012
Incumplió la ley desde la licitación; no acreditó estudio oportuno de mercado, que costó $6.7 millones
Domingo 2 de marzo de 2014, p. 32
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó en 2012 gastos duplicados o erróneos por casi 171 millones de pesos en la contratación del servicio integral de cirugía de mínima invasión, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2012.
Asimismo, detectó diversas irregularidades en el proceso de licitación por el cual asignó decenas de contratos a particulares sin garantizar las mejores condiciones del mercado para el instituto, ni definió en los convenios las obligaciones específicas de los proveedores y los plazos para cumplirlas.
El organismo federal indicó que en 2012 el IMSS destinó mil 309 millones de pesos a este rubro, de los cuales la evaluación involucró 49.4 por ciento del monto total de ese año, el cual formó parte del contrato multianual, vigente de julio de 2011 a diciembre de 2013.
De la investigación se desprende que el incumplimiento de la normatividad se dio desde la licitación. El instituto no pudo acreditar que se haya realizado oportunamente el estudio de mercado, que tuvo un costo de 6.7 millones de pesos. Infirió que la entrega (de los resultados) fue el 18 de abril de 2011, ya que ese día se hizo constar un cambio de hojas
en la licitación.
Durante la indagatoria, la ASF tuvo conocimiento de que la investigación de mercado se realizó, pero sin que se hubiera firmado el contrato con la empresa encargada.
Las cirugías de mínima invasión son una de las mejores opciones disponibles para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Las intervenciones de este tipo logran una recuperación rápida del paciente, con ahorros en los días de estancia hospitalaria y de incapacidad laboral, advierte la ASF.
El IMSS fue el primero en el país en ofrecer este servicio a sus derechohabientes, aunque la inversión en equipos ha sido mínima. Por eso, desde 2000 se inició la contratación con particulares, quienes se hacen cargo de los equipos, instrumental, su renovación, actualización y mantenimiento, así como de los bienes de consumo y la capacitación técnica.
Sin embargo, en la revisión de 55 contratos, la Auditoría Superior de la Federación detectó que varios se formalizaron con los proveedores sin cumplir con la norma. Algunos se firmaron en fecha posterior al inicio de su vigencia, en otros las firmas de los responsables se recabaron por separado.
Ya en la operación, la ASF encontró que la prestación del servicio a los derechohabientes también se dio en forma irregular, pues aunque existen diversos ordenamientos, manuales y guías, no hay garantía de que sean cumplidas por el personal del Seguro Social.
Además, la ASF detectó fallas en las historias clínicas de los pacientes; en algunas faltó la valoración clínica, la carta de consentimiento del enfermo y tampoco se encontró documentación completa sobre la autorización, solicitud y registro para realizar las cirugías.
En la revisión aleatoria de los reportes de procedimientos de mínima invasión por paciente –efectuada en seis hospitales–, la ASF encontró deficiencias de control, como técnicos que firmaron, pero no estaban incluidos en la lista de autorización del proveedor, y reportes que carecen del nombre del técnico y del cirujano, del material utilizado y de la evaluación del servicio.
La participación de los técnicos está entre las condiciones de los contratos, lo mismo que la obligación de las empresas de ofrecer capacitación a los trabajadores del IMSS, entre otras, que no se realizaron y por las cuales la ASF recomendó el inicio de una denuncia ante el Órgano Interno de Control para que se investigue y sancione a los servidores públicos responsables.
En el aspecto contable, la información carece de veracidad por los errores y duplicidades identificados sobre 171 millones de pesos; no existe registro del gasto en cada unidad médica, sino por delegaciones, y un monto de 160.8 millones de pesos sin justificación, entre otros.