La recién aprobada ley federal de consulta popular tiene visos de inconstitucionalidad y viola tratados internacionales en materia de derechos ciudadanos, signados por el gobierno de México, advirtieron los senadores del PRD, Dolores Padierna y Alejandro Encinas.

Por ello, una vez que la legislación se apruebe en la Cámara de Diputados, acudirán a la Suprema Corte y, de ser necesario, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en esa legislación se establecen restricciones para impedir la consulta y la libre circulación de opiniones.

Padierna resaltó que en esa minuta, ahora en San Lázaro, se agregan requisitos no previstos en el artículo 35 constitucional, para limitar y obstaculizar la consulta. Por ejemplo, se establece que debe haber un aviso de intención, sin el que no se admite a trámite la solicitud de consultar algún tema.

Alejandro Encinas señaló que la ley no sólo viola el precepto constitucional, sino también disposiciones suscritas por el gobierno mexicano en el ámbito internacional, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, de diversos derechos.

En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre libertad de pensamiento y expresión, se establece que no se puede restringir la consulta y libre circulación de las opiniones.