Para el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, la reforma energética es un tema vetado para ser sometido a una consulta ciudadana, ya que contiene ordenamientos hacendarios, específicamente relacionados con ingresos.

Entrevistado en el Senado, luego de que la noche del miércoles en dicha cámara se aprobaron cambios a la Ley Federal de Consulta Popular que eliminan la prohibición expresa de someter a referendo reformas constitucionales, tales como la energética, y deja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de determinar en qué casos se podrían consultar cambios a la Constitución, Camacho Quiroz agregó que de todas formas en el PRI están listos para formular cuantos alegatos se requieran ante la Suprema Corte de Justicia.

A diferencia de lo que consideraron diversos integrantes de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, la corriente de ese instituto Nueva Izquierda aseguró que la minuta sobre consulta popular aprobada por el Senado genera las condiciones para que en las elecciones de 2015 se sometan a consideración de los ciudadanos las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética.

Cabe recordar que diversos senadores del PRD se opusieron a los cambios de última hora a dicha ley, porque consideraron que se ponían impedimentos para consultar a la ciudadanía sobre cambios a la Carta Magna.

Camacho Quiroz insistió en que cree firmemente en la constitucionalidad de la reforma energética y en su solidez y dijo también que espera que la Cámara de Diputados se pronuncie en torno a la minuta que le remitió el Senado, porque el PRI valora la posibilidad de someter a consulta popular algunos temas, el próximo año.

No quiso precisar qué temas le interesa al PRI llevar a una consulta popular, pero uno de ellos, según trascendió, podría ser el costo del boleto del Metro en el Distrito Federal.

La decisión del Senado es importante porque se da un paso más en la ruta de hacer realidad el derecho constitucional de los ciudadanos a ser consultados en asuntos públicos de trascendencia nacional, como lo indica el artículo 35 de nuestra Carta Magna. Con ello se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana y se mejora la calidad de nuestra democracia, indicó Nueva Izquierda.