Ante la crisis del sistema judicial mexicano, diversos pueblos indígenas del país han vuelto a poner en práctica modelos de resolución de conflictos en el seno de sus comunidades, que buscan sobre todo la conciliación entre las dos partes de un conflicto, más que encarcelar a la gente, imponer multas o buscar culpables.

Así lo ilustra el documental Raíces de nuestra justicia, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se muestran diversos esquemas de procuración de justicia de los pueblos originarios, basados en la reducación de los infractores.

Uno de estos sistemas, ilustra la cinta, es el de los pueblos tzeltales de Chiapas, mediante el cual el banquilal o juez analiza un diferendo con la ayuda de los xuhts –quienes por lo general son jóvenes de la comunidad–, un secretario de acuerdos y un trencipal cuya labor es verificar que el juez actúe de manera imparcial.

Con esta figura, los arregladores de conflictos resuelven problemas regionales –que van desde alcoholismo y drogadicción hasta violencia intrafamiliar y prostitución–, mediante visitas a los acusados y pláticas entre ambas partes hasta que se llega a un acuerdo, al margen de dinero, multas o castigos.

En el caso de los mixes o ayuuk, quienes habitan en el norte del estado de Oaxaca, la asamblea general del pueblo nombra a los encargados de impartir justicia al interior de la comunidad, con la ayuda de un consejo de ancianos o principales, quienes son los encargados de buscar la conciliación con una forma más apegada a nuestra realidad, más rápida y más humana.

La etnia wirrarika, asentada sobre todo en Durango, Jalisco y Nayarit, también ha desarrollado su propia forma de justicia mediante un sistema colegiado, en el que participan las autoridades tradicionales (tatwanis y jicareros), civiles y agrarias, asesorados también por un consejo de ancianos.

Por último, el documental muestra la forma en que lleva a cabo su labor la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en diversas poblaciones me’phaa, ñuu savi y mestizas de la región Montaña de Guerrero, interviniendo tanto en delitos menores como en otros de mayor gravedad.

En todos esos esquemas de seguridad local, coincidieron los indígenas, se privilegia la conciliación por encima del castigo físico o la imposición de multas económicas, lo que ayuda a resolver conflictos sin recurrir al Ministerio Público, que sale muy caro, no soluciona los problemas y no traduce bien el proceso judicial en las lenguas de los acusados.

El documental puede verse íntegramente en youtube.com.