Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, signados hace 18 años entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y truqueados y, pudiera decirse, traicionados por quienes entonces estamparon su firma en ellos desde el gobierno federal (...) siguen siendo un referente político, histórico y moral fundamental en nuestros días, de tal forma que deben ser considerados como base y eje de cualquier proceso de cambios legislativos y de aplicación de políticas públicas en materia de derechos indígenas, se planteó en la declaración del foro Derechos indígenas y armonización legislativa.

En el acto, convocado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, participaron 260 personas de 16 estados del país. Estuvieron representadas 30 comunidades indígenas –entre ellas nahuas, cucapás, kiliwas, zapotecas, totonacas, mixtecas, tenek y mayas– y 12 representaciones gubernamentales, informaron los organizadores.

En el documento citado, cuyo insumo habrían sido las seis mesas que los asistentes al foro realizaron la tarde del miércoles, se acordó mandatar a las instancias convocantes para que, en la medida de sus posibilidades de intervención institucional, este mismo año se vean resultados significativos en la armonización de la legislación mexicana en materia de derechos indígenas con lo indicado en convenios y tratados internacionales firmados por México. Esto en estrecha comunicación y relación con los pueblos y organizaciones indígenas aquí presentes, así como con los académicos, investigadores y amigos de la sociedad civil.

Se requiere que pueblos y comunidades indígenas sean considerados como sujetos de derecho público. Se critica que pese a los avances en las leyes, en la realidad se escamotea el derecho fundamental al desarrollo de los pueblos indígenas.

Entre los indígenas participantes en el foro estuvieron Pedro de Jesús, el diputado Carlos de Jesús; Gaudencio Mejía, del Consejo Guerrerense 500 años; Hermelindo Be Cituk, de la Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía Quintana Roo; Martha Sánchez Néstor, activista por los derechos de las mujeres indígenas; Marcos Matías, ex director del Instituto Nacional Indigenista; Genaro Domínguez, de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas; Bruno Plácido, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); Mario Luna, del pueblo yaqui; Pablo Guzmán, ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) de Guerrero; Raymundo García, de Causa Indígena de Puebla, entre otros.