La postura de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados acerca de la captura de Joaquín Guzmán Loera se diluyó en exposiciones aisladas sobre el castigo a la impunidad y las omisiones gubernamentales en el caso de la evasión del narcotraficante del penal de Puente Grande, Jalisco.

También se solicitó que los funcionarios relacionados con ese hecho sean llamados para que rindan cuentas ante la autoridad judicial, entre ellos el ex presidente Vicente Fox Quesada, y los funcionarios relacionados con el área de procuración de justicia de su gobierno.

El PRI, por conducto de José Alberto Rodríguez, ponderó la reaprehensión de Guzmán Loera porque constituye una prueba objetiva de la estrategia gubernamental, para enfrentar, con el uso de la inteligencia, al crimen organizado. Además, rechazó las actitudes mezquinas que intentan regatear los importantes logros en materia de procuración de justicia y de combate a las mafias criminales, y planteó que no debe politizarse un hecho relativo al combate a los delincuentes.

Al abordar el tema en la sesión ordinaria de ayer en San Lázaro, la coordinadora del Panal, María Sanjuana Cerda, expuso el total respaldo del pñartido de Elba Esther Gordillo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y lo conminó a combatir de forma directa y contundente a los grupos criminales.

Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que su partido no escatima ni desconoce el mérito de la operación, pero no se sumará al coro de quienes pretenden explotar políticamente la captura de Guzmán Loera.

“Qué bueno que El Chapo ya está de regreso a la cárcel; qué malo que se piense que con ello la delincuencia organizada se acabará en el país. Ni siquiera el cártel de Sinaloa habrá de acabarse o debilitarse con esta captura relevante. En México la delincuencia organizada tiene una característica distintiva: es, ante todo, delincuencia protegida. Por encima de un capo siempre habrá un juez, un ministerial, un militar, un político, un financiero, un empresario, y una subcultura ciudadana que le permitiría proteger, desarrollar, expandir y hasta adquirir influencia social con base en su actividad criminal”.

El priísta Alejandro Montano preguntó al representante del PVEM, Ricardo Astudillo, si consideraba probable que se iniciara una averiguación previa contra los funcionarios a cargo de los penales en el año 2001, cuando El Chapo Guzmán se evadió del reclusorio de Puente Grande.