El nuevo avión presidencial, el cual tendrá un costo de 6 mil 547 millones de pesos, no fue ni la primera ni la mejor opción que analizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando decidió la compra del Boeing-787-8, el 15 de marzo de 2012.

De acuerdo con el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, la ‘‘adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor’’ fue decidida por los mandos de la Sedena, ‘‘sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de la aeronave que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión’’, además de que la dependencia eligió discrecionalmente a Banobras como fiduciario de la compra, sin licitar, con el argumento de que la compra era asunto de seguridad nacional.

El informe precisa que inicialmente la Sedena seleccionó tres aviones, el Airbus A330-200 y los modelos Boeing 767-200 y B-787-9, ‘‘que reunían las características técnicas y operativas deseables para solventar las necesidades requeridas’’. Sin embargo, la Defensa compró finalmente otro modelo, el B-787-8.

Añade el documento que, ‘‘de la evaluación de las tres opciones’’, la dependencia determinó que las dos primeras no se encontraban disponibles en el mercado aeronáutico, por lo que no se contó con los elementos suficientes que acreditaran la selección del avión, ‘‘ya que en realidad únicamente se contó con una opción, que fue la que finalmente se adquirió’’.

Pero además, el informe de fiscalización cuestiona que ‘‘el estudio referido se basó en la evaluación del avión B-787-9, siendo que el estudio de mercado se realizó con base en la aeronave B-787-8, entre las que existen diferencias en cuanto a peso máximo de despegue, autonomía máxima con peso máximo, máxima velocidad y motores, siendo éstos algunos de los elementos que determinaron la selección de la aeronave’’.

Critica el documento que para la compra del avión presidencial tampoco se proporcionaron las cotizaciones de las empresas con las que se realizó el análisis costo-eficiencia a nivel de prefactibilidad, además de que no se incluyó información detallada y precisa respecto de la cuantificación y valoración de los costos y beneficios de la opción seleccionada.

El informe emitió una ‘‘promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria’’ para que la Sedena inicie un procedimiento administrativo en contra de quien resulte responsable.