El gobierno de Felipe Calderón subcontrató con empresas privadas, a través de Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la investigación de los accidentes aéreos donde perecieron sus dos principales amigos y colaboradores, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora. Las pesquisas de los percances correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó, en la Cuenta Pública 2012, que la SCT, encabezada por el priísta Luis Téllez Kuenzler en el primero de los accidentes, y por Juan Molinar Horcasitas, en el segundo, trasladó su responsabilidad de investigar las causas técnicas al INAP, aun cuando éste ‘‘es una institución de enseñanza y difusión de la cultura’’.

El órgano fiscalizador comprobó que el INAP, encabezado por el priísta José Rafael Castelazo y de los Ángeles, al no contar ‘‘con la capacidad técnica, material y humana’’ para realizar el trabajo, decidió contratar dos empresas privadas que dictaminaran las causas de los dos accidentes.

‘‘Institución cultural’’

Meses después de ambas tragedias, tanto Téllez como Molinar presentaron a la opinión pública –con peritos de por medio– el resultado como propio. Y en los dos casos afirmaron que se trató de accidentes.

La administración del INAP, encabezada por Castelazo –que no se había sometido a auditoría en los últimos años–, incurrió en actos de omisión y malos manejos que fueron revelados por la ASF.

En ese contexto, se documentó una serie de convenios firmados por un monto total de 679 millones de pesos entre el instituto y dependencias del gobierno federal como la Sedesol, por montos de 250 millones y 360 millones respectivamente; Conagua, 30 millones 706 mil; SCT, Secretaría de Economía, 20 millones 716 mil pesos, y Secretaría de Gobernación, 8 millones 600 mil pesos. Todos los convenios fueron reprobados por la ASF, pues el instituto no contó con los instrumentos humanos ni técnicos para ofrecer los servicios contratados.

El órgano fiscalizador solicitó al gobierno federal investigar a los funcionarios del INAP que firmaron los convenios –entre ellos Castelazo– y fincarles responsabilidades administrativas sancionatorias, porque en su gestión ‘‘no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y su reglamento’’. En el caso de los accidentes de los secretarios de Gobernación, Mouriño y Blake, se reveló el contenido de los convenios específicos firmados entre el INAP y la SCT.

En el primero, número DGCA-AD-004-2012, se pagaron 6 millones 299 mil 400 pesos a dos empresas para ‘‘la investigación del accidente de la aeronave Let Jear 45, matrícula XC-VMC, ocurrido el 4 de noviembre de 2008’’, donde pereció Juan Camilo Mouriño.

Para el segundo, 12-I-CD-A-010-Y-0-12, se erogó un millón 357 mil 200 pesos. Se trató de la ‘‘investigación del accidente de la aeronave helicóptero Eurocopter Super-Puma AS 332L, matrícula C-UHM, ocurrido el 11 de noviembre de 2011’’, que dos empresas privadas se encargaron de realizar.

El dictamen de la ASF señala que ‘‘los servicios que la SCT le adjudicó al INAP mediante los convenios específicos fueron prestados al ciento por ciento a través de terceros contratados por el instituto… para las contrataciones realizadas, el organismo no llevó a cabo los procedimientos señalados en la ley en la materia, por lo que no se garantizó que se hubieran obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento (ni) oportunidad pertinentes para los recursos federales convenidos’’.

En respuesta a la recomendación de la Auditoría para que el INAP en lo ‘‘subsecuente se abstenga de contratar o convenir servicios con las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando no disponga de los elementos técnicos y humanos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos que pretende contraer o adquirir mediante contratos o convenios de colaboración’’, el instituto respondió que cuenta con 800 asociados especialistas en diversas disciplinas y no hizo ‘‘ninguna subcontratación ni procedimiento de adjudicación’’.

Aun así, la Auditoría Superior de la Federación replicó al INAP que ‘‘los trabajos convenidos entre la SCT y el instituto fueron desarrollados por una empresa y cuatro prestadores de servicios contratados ex profeso (por la institución académica), por lo que representó una contratación con terceros y queda acreditado que en su contratación el INAP no se ajustó a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público’’.

Incluso, se determina que se firmaron los convenios ‘‘sin que el INAP contara con la experiencia y elementos técnicos y humanos para cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos y adquiridos, dado que contrató 90 por ciento de los servicios con terceros para cumplir con el objeto de los convenios señalados’’.