La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 436 votos modificar el decreto que obliga a los editores al depósito legal de sus obras, para que éstas se entreguen digitalizadas, además de impresas, y se contribuya así a la integración del patrimonio editorial del país.

De esta manera se definió que toda publicación que constituye una expresión literaria, educativa, científica, artística, informativa-técnica se considera parte del patrimonio cultural de la nación y se requiere contar con una copia digital.

Para hacer efectiva esta disposición, se aprobó que todos los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales deban entregar ejemplares en versión digital e impresa de cada una de sus publicaciones a las siguientes instituciones:

A la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca Nacional, al sistema de Biblioteca del Congreso y a las bibliotecas de los congresos estatales en las entidades en que las casas editoras tengan sus sedes legales.

La adecuación al decreto define que los editores y productores deberán entregar los siguientes materiales:

Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y otros materiales impresos o digitales de contenido cultural, científico o técnico.

Un ejemplar de las obras de creación artística, educativa, o con valor cultural editadas en discos compactos, dvd, y de otros formatos digitales o mecanismos de almacenaje electrónico que contengan información de las características señaladas en el inciso anterior.

Y un ejemplar a las bibliotecas depositarias de todas las publicaciones electrónicas, digitales o bases de datos que se hagan públicos por medio de sistemas de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional.

El decreto define que las bibliotecas depositarias podrán solicitar el depósito de publicaciones con valor crítico para el patrimonio cultural y editorial de la nación.

Los materiales se entregarán a las bibliotecas mencionadas acompañados de una relación en formato digital que contenga todos los datos necesarios para su catalogación.

Fortalecimiento de una tradición

El diputado Heriberto Galindo Quiñones (PRI), autor de la iniciativa, explicó que la tradición centenaria del depósito legal se fortalece con la obligación de los editores del depósito legal, ahora en toda clase de formatos electrónicos.

Refirió que también se obliga a quienes comercian con materiales bibliográficos o documentales o los diseminen haciendo descargas por pago o gratuitas desde territorio mexicano, y que el nuevo alcance del depósito incluye las bases de datos que se hagan públicas, de manera que los materiales contenidos puedan ser utilizados en una biblioteca oficial por académicos, estudiantes, periodistas, legisladores o cualquier ciudadano que lo solicite.