En 2012, 15 universidades estatales realizaron pagos a personal que no cumplía con el perfil del puesto que desempeñaba, subejercieron sus presupuestos y no presentaron la documentación que acreditara la totalidad de los gastos que realizaron.

Al fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a decena y media de universidades de los estados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró además incumplimiento de los convenios firmados por la Federación y los gobiernos locales para dotar de recursos a sus instituciones de educación superior.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF realizó 35 auditorías en este ámbito, 15 de las cuales corresponden al programa de Educación Superior de Calidad, 11 al de Educación Media Superior de Calidad y nueve al de Subsidios Federales para Centros de Educación. Estos tres programas tuvieron un presupuesto conjunto de poco más 80 mil 182 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 39 mil millones.

Las instituciones auditadas por la ASF fueron las universidades autónomas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Hidalgo y Estado de México; las universidades estatales de Guadalajara y Sonora; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; las universidades Juárez Autónoma de Tabasco y Juárez Autónoma del Estado de Durango; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Veracruzana.

En conjunto, dichas instituciones de enseñanza realizaron pagos por 69 millones 552 mil pesos a personal que no cumplió con los requisitos estipulados para los puestos que ostentaban, además de que utilizaron 17 millones 501 mil pesos para pagar sueldos o prestaciones superiores a las definidas en los tabuladores correspondientes.

Por ejemplo, según la ASF, la Universidad Autónoma de Baja California pagó 8 millones 176 mil pesos a trabajadores que no cubrieron el perfil requerido por su puesto, y destinó más de 28 millones a prestaciones que excedieron los límites señalados en el convenio de apoyo financiero firmado entre el gobierno de la entidad y la Federación, el cual contenía las reglas de operación de los recursos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió una solicitud de aclaración del órgano fiscalizador por 177 millones 582 mil pesos, correspondientes al pago de prestaciones que también sobrepasaron los límites. La Universidad de Guadalajara pagó más de 9 millones a empleados que no cumplieron el perfil requerido y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco pagó 151 mil pesos a un trabajador que presentó cédulas profesionales apócrifas.

En relación con el subejercicio de recursos de los tres programas federales mencionados, el órgano fiscalizador encontró que 300 millones 202 mil pesos no fueron utilizados, de los cuales 100 millones 516 mil corresponden al Programa de Educación Media Superior, 192 millones 769 mil al de Subsidios Federales para Centros de Educación, y el resto al de Educación Superior de Calidad

De las instituciones auditadas, sólo cuatro recibieron un dictamen limpio de la ASF. Es decir, en términos generales cumplieron con las disposiciones y sólo presentaron irregularidades menores en el manejo de los recursos. Éstas son las Universidades Autónomas de Sinaloa, Yucatán, Hidalgo, así como la Universidad de Sonora.