a detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, efectuada ayer por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en Mazatlán, Sinaloa, pone fin a una de las más exasperantes anomalías de cuantas padece el estado de derecho en el país. No es fácil explicar el persistente fallo de las instituciones responsables de procurar justicia que, durante poco más de 13 años, fueron incapaces de localizar y detener al prófugo que, según el discurso oficial, es uno de los delincuentes más peligrosos y cabeza de una de las corporaciones delictivas más poderosas del mundo. Por lo demás, la fuga del narcotraficante de la prisión de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, sigue situada en una zona de sospecha.
El hecho es que Guzmán Loera fue capaz de tender, en medio de la que se suponía una persecución implacable por las fuerzas públicas, una red de negocios ilícitos que se extiende por amplias regiones del territorio nacional, y que va mucho más allá de las fronteras de nuestro país. En muchas ocasiones diversas voces autorizadas señalaron la falta de voluntad política para recapturar al Chapo y el hecho es que en la segunda y muy próspera fase de su carrera delictiva, el capo oriundo de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, recibió ayudas tan insospechadas como las armas que la oficina gubernamental de control del alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) envió a su organización en el contexto de una supuesta operación encubierta y como los movimientos de lavado de dinero que la agencia antidrogas del país vecino (DEA) realizó para el cártel del Pacífico, encabezado por El Chapo.
Con esos antecedentes resulta inevitable que la captura anunciada ayer se vea envuelta en la suspicacia y que la opinión pública encuentre inconsistencias que deben ser explicadas: la más obvia es que quien es descrito como jefe máximo de una organización delictiva que mueve miles de millones de dólares haya podido ser capturado sin resistencia significativa y carente de un dispositivo de seguridad numeroso y bien armado. Debe mencionarse, asimismo, las coincidencias insoslayables de que Guzmán Loera haya sido detenido a menos de 48 horas de la visita a México del presidente estadunidense, Barack Obama, y que su libertad haya coincidido de manera casi exacta con el periodo en el que la Presidencia de la República fue ocupada por políticos procedentes del Partido Acción Nacional.
Por lo demás, resulta preocupante que medios de información estadunidenses hayan anunciado el arresto de El Chapo varias horas antes de que lo hicieran las autoridades mexicanas. Ese dato, aunado a las declaraciones festivas de diversas autoridades del país vecino, lleva a preguntarse hasta qué punto el operativo realizado en Sinaloa por las corporaciones nacionales pudo haber sido coordinado o, cuando menos orientado, por funcionarios estadunidenses, y en qué medida se mantiene el modelo de indeseable supeditación de las policías y fuerzas armadas mexicanas a dependencias de Washington, modelo adoptado por Felipe Calderón, abundantemente documentado en los cables del Departamento de Estado entregados por WikiLeaks a este diario y difundidos en estas páginas en el curso de 2011.
Más allá de estos puntos, que merecen una aclaración de las actuales autoridades nacionales, la captura de un capo de la importancia de Guzmán Loera constituye un acto de necesario cumplimiento de la ley, pero no necesariamente representa la desaparición de su organización delictiva ni conllevará en automático a una reducción de la inseguridad y la violencia que afectan al país. Por sí misma, la detención podría traducirse incluso en un recrudecimiento de las cruentas confrontaciones que tienen lugar periódicamente entre distintos cárteles y al interior de cada uno de éstos, como ha ocurrido tras la desaparición o neutralización de otros destacados cabecillas criminales.
En suma, el cumplimiento del marco legal es una obligación ineludible y debe continuarse, por ello, la persecución, apegada a derecho, de la delincuencia organizada. Pero por muchos que sean los éxitos en este ámbito, el embate de la criminalidad en general y del narcotráfico en particular no podrá ser derrotado si no se asume, al mismo tiempo, la necesidad de derrotar la pobreza, el desempleo y la marginación, y si no se combate de manera frontal la corrupción que afecta a las instituciones públicas.
