Una de las principales fallas del Seguro Popular, desde su creación en 2004, es la relativa a la falta de equipos médicos en clínicas y hospitales generales de los estados con mayor grado de marginación. En la revisión de la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que aunque hay dinero disponible para cubrir dichas necesidades, se asigna a proyectos que hasta seis años después siguen sin llevarse a cabo.

También detectó que en 2012, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Cnpss), administradora de los recursos del Seguro Popular, autorizó nueve proyectos de equipamiento por más de 460 millones de pesos, que no formaban parte del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud y, por lo mismo, aunque se adquirieron no se han utilizado, porque no responden a las necesidades de las unidades médicas.

Por estos y otros incumplimientos del marco regulatorio, la ASF recomendó el inicio de procedimientos administrativos contra funcionarios que autorizaron proyectos que no cubrían los requisitos de ley.

El organismo fiscalizador, que el pasado jueves presentó los resultados de las auditorías realizadas al gobierno federal en el último año de la presidencia de Felipe Calderón, detectó que las reglas de operación para la ejecución de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) carecen de mecanismos para identificar y dar seguimiento a los proyectos que se autorizan pero no se ejecutan.

Además, observó que el comité técnico de la Cnpss, encargado de evaluar las peticiones de los estados, autorizó indebidamente el ejercicio de 22 millones 821 mil 900 pesos en la compra de mobiliario de oficina con recursos del FPP, a pesar de que ese dinero es exclusivo para la adquisición de equipo médico.

La Cnpss tampoco cuenta con indicadores para conocer la cobertura de necesidades de infraestructura en las unidades médicas ni de la población beneficiaria de los proyectos financiados por el FPP, el cual se nutre con 3 por ciento de los recursos del Seguro Popular. En 2012 contó con 2 mil 773 millones 903 mil pesos que, de acuerdo con la ley, dos terceras partes se deben destinar a la dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud de las entidades con mayor nivel de marginación.

Sin embargo, el objetivo no se cumple, de acuerdo con los resultados de la auditoría, la cual encontró que entre 2006 y 2011 se autorizaron 9 mil 435 millones 200 mil pesos, de los cuales al momento de la revisión de la ASF sólo se habían transferido a los estados 3 mil 990 millones 781 mil, es decir, 42.3 por ciento del total autorizado.

El monto restante, más de 5 mil 400 millones, se encuentra en la cuenta bancaria del fideicomiso y, por tanto, sin aplicarse para la satisfacción de necesidades de infraestructura y equipamiento de las entidades que lo solicitaron. Tampoco se pueden utilizar para otros proyectos.

En 2012, la Cnpss autorizó 2 mil 552 millones 441 mil pesos, de los cuales sólo se aplicaron 85 millones, es decir, 3.4 por ciento del total. Todavía más, de ocho proyectos que debieron iniciarse y concluir en 2012, sólo uno cumplió con el plazo establecido.