Los términos en que se aprobó la reforma constitucional en materia electoral sólo generan falta de certeza en los comicios y son un potencial fuente de mayores conflictos por la ambigüedad que hay en algunos temas, como la atracción de elecciones locales o la nulidad de comicios por rebase de topes de gastos, consideraron ex consejeros y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), durante un seminario sobre estos cambios organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con la participación de los ex consejeros presidentes Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde, el actual presidente, Marco Antonio Baños, y la ex consejera Jaqueline Peschard, con matices, todos sugirieron que esta reforma sólo augura que pronto habrá otra reforma. Peschard dijo que los objetivos centrales de ésta (evitar la injerencia de gobernadores y reducir costos), no se lograron por la disposición de que podría atraerse la elección, lo cual dependerá de una decisión política del Instituto Nacional Electoral.

Si bien Peschard reconoció avances en el tema de la relección de legisladores y alcaldes o la creación de un servicio profesional electoral nacional, dijo que existen elementos que le restan certeza. Alertó sobre la complejidad de designar desde el INE a los consejeros locales, porque implicará un largo proceso de selección, además de que el nombramiento de funcionarios de órganos autónomos siempre ha sido motivo de tensiones.

Sostuvo que la nulidad por rebase de topes de gastos de campaña será muy complicada, por los tiempos que implica una fiscalización real, lo que hará que esta posibilidad sólo podría ser una fuente de incertidumbre de las elecciones. Cuestionó las razones que llevaron a elevar a 3 por ciento el umbral mínimo para que los partidos políticos mantengan el registro, pues si bien en muchos casos se dice que hay partidos satélites, también esto favorece la pluralidad.

Para Valdés la creación del INE era una buena idea, pero en el camino de negociaciones del Pacto por México se fue desvirtuando hasta quedar en un resultado que no es estéticamente presentable. Dijo que en el contexto de las negociaciones se invirtieron las prioridades en las negociaciones y en lugar de partir definiendo el régimen de partidos y una legislación nacional, se priorizó la conformación del INE sin tener claro los alcances de los otros dos ámbitos centrales.

Ironizó: los consejeros del INE seguramente encontrarán las formas de aplicar no sólo el código federal, sino también los 32 códigos locales para sacar adelante las elecciones a pesar de su complejidad. Auguró que esto generará la necesidad, en su momento, de otra reforma para atender muchas de los aspectos poco claros que dejó la recientemente aprobada.

Señaló que en cuanto al régimen de partidos también es complejo, porque no sólo hay siete partidos nacionales, tres en conformación y 22 locales, sino porque el Partido Acción Nacional (PAN) no es el mismo en Baja California que en Guerrero, como tampoco lo es el Revolucionario Institucional (PRI) ni el de la Revolución Democrática (PRD). Señaló que la ley de partidos debe regular el régimen complejo de partidos en México.

Ugalde cuestionó que la reforma genere estímulos perversos para el desconocimiento de los comicios, lo que será fuente de mayores conflictos. Tras considerar insuficiente la fiscalización vigente, porque los partidos encuentran fórmulas para evadir los controles por la vía del manejo de dinero en efectivo, el financiamiento paralelo que en ocasiones proviene de gobiernos estatales, dijo que la ambigüedad en cuanto los términos de nulidad de comicios potenciará conflictos.

Consideró que la reforma ni abaratará costos de las elecciones no inhibirá los enormes gastos de campaña, con frecuencia ilegales, como tampoco reducirá la injerencia de gobernadores que siempre encontrarán la forma de financiar a sus partidos y candidatos. Destacó que esta reforma no da certeza y solo asegura que habrá otra reforma en 2019 o antes, para revisar todos estos temas.