El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que los mexicanos se sienten insatisfechos ante agravios que surgen por la dilación y la ineficiencia en la impartición de justicia. Agregó que justicia retardada es justicia denegada.

En la firma del Acuerdo nacional de coordinación legislativa para la implementación del sistema de justicia penal, el funcionario consideró que nada daña más a las víctimas de delitos que no se aprehenda y sancione a los culpables.

Nada daña más la confianza de los ciudadanos en las autoridades que la no denuncia, al dudar que algunas de ellas puedan estar involucradas con los delincuentes, expresó.

Ante el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, representantes del Poder Legislativo federal y de los congresos locales, así como de la sociedad civil, Osorio Chong señaló que el silencio de las víctimas no debe ser más el principio de la impunidad.

En el acto, realizado en la explanada de la SG, reconoció que la violación al debido proceso y a los derechos humanos, así como la falta de acceso a una justicia expedita erosiona profundamente el imperio de la ley.

Tenemos que cambiar la concepción de que la justicia es sólo para unos cuantos, que el inocente es encarcelado y aquellos que tienen recursos y son culpables permanecen en libertad, insistió el secretario.

Apremió a que el sistema de justicia sea más eficaz. Hay gran consenso de hacia donde tenemos que transformarlo, sostuvo.

Hoy sumamos esfuerzos para actuar con plena coordinación y avanzar, sin pausas y sin dilaciones, en una agenda que es preciso cumplir para ofrecer a los mexicanos acceso a la justicia que reclaman, en el que se garantice el interés social de perseguir eficazmente el delito, pero también el derecho de los ciudadanos a un juicio justo cuando sean objetos de un proceso penal.

Explicó que el acuerdo suscrito por representantes del gobierno federal, del Congreso de la Unión y de todos los legislativos estatales es un compromiso de colaboración para la rápida instrumentación de este esfuerzo, el cual, mediante la legislación única de procedimientos penales, garantizará la ejecución de penas alternativas para que en las cárceles estén quienes delinquen y representan un riesgo para la sociedad.

En la reforma constitucional en materia penal de 2008 se fijó un plazo de ocho años para adecuar todo el andamiaje legal en el país para empezar a instrumentar el nuevo sistema de justicia, que entre otras cosas instaura los juicios orales. El plazo vence en junio de 2016.

Sin embargo, apenas tres estados ya lo aplican, mientras siete más lo harán en el presente año, en tanto que los restantes tienen un atraso importante, admitió Osorio Chong.

Agregó que el gobierno federal no solicitará un plazo extra para la aplicación total del sistema de justicia penal.

Por eso la firma de este acuerdo es un mensaje claro y contundente para todos aquellos que aún se encuentran atrasados en la implementación del nuevo sistema, aseveró Osorio en su intervención en el acto público, además de que no hay justificación para no hacer la tarea que corresponde a los estados.

El compromiso es que, mediante una legislación única de procedimientos penales, se garantice que a quienes sean juzgados les apliquen las mismas reglas en cualquier lugar del país.

Osorio Chong aseguró que con este nuevo sistema, en México se establecerá un antes y un después en justicia penal.