La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en el último año de su sexenio (2006-2012), incurrió en un notable subejercicio de recursos en el ámbito del gasto federalizado. Éste corresponde a los fondos destinados a servicios sociales como educación, salud y desarrollo.

Tan sólo en lo que hace al Seguro Popular dejaron de gastarse 8 mil 229 millones de pesos, cifra correspondiente a 23.2 por ciento del gasto programable para ese rubro.

En ese terreno, el órgano fiscalizador encontró que en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), destinado a dotar de equipamiento a personas de mayor vulnerabilidad alimentaria y en desamparo, el calderonismo dejó de invertir 26.7 por ciento, equiparable a 3 mil 500 millones de pesos. El descuido de Felipe Calderón y sus funcionarios en materia de aplicación de recursos a programas sociales, también se manifestó en el gasto para los programas de Educación Superior de Calidad, donde el subejercicio alcanzó mil 870 millones de pesos.

A pesar de que la política de seguridad constituyó un pilar en el calderonismo, en el caso de Aportaciones para la seguridad pública en los estados y el Distrito Federal se dejaron de gastar 2 mil 31 millones de pesos.

Así, el gasto federalizado, refiere la Auditoría Superior de la Federación, se encuentra en un estadio de ineficiencia de los recursos, constituyéndose en insuficiencia de la capacidad institucional de los estados y su debilidad en el sistema de control del gasto.

En el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples, los recursos no ejercidos al 31 de diciembre del año 2012 se en-globaron en 27.1 por ciento. En dicho fondo se dictaron penas convencionales no aplicadas por el retraso en la ejecución de las obras o por la entrega tardía de las adquisiciones de desayunos y despensas.

Educación superior

En el caso de la Educación Superior de Calidad, cuyo objetivo es contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación superior, el gobierno calderonista también incurrió en un subejercicio de mil 870 millones de pesos. En ese terreno los funcionarios de la administración panista no aportaron documentación comprobatoria de uso de recursos, y menos de rendimientos financieros no devengados al término del ejercicio fiscal.

Un caso que llamó poderosamente la atención del órgano fiscalizador fue el del Seguro Popular, cuyo objetivo principal es alcanzar la cobertura universal de salud y proporcionar servicios de calidad a la población. Y si bien dicho seguro representó 57.5 por ciento en el presupuesto ejercido del ramo 12 (salud), las auditorías practicadas por la ASF determinaron que los funcionarios también incurrieron en un reiterado subejercicio de 8 mil 229 millones de pesos.

Además, a dicha anomalía en la aplicación del dinero, se suma la autorización de pagos indebidos por remuneraciones a personal ‘‘que no está directamente involucrado en la prestación de los servicios de atención médica del Seguro Popular’’.

En el apartado de problemática fundamental, el Informe del Estado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2012 refiere que en algunas entidades federativas las secretarías de finanzas o sus equivalentes no transfieren los recursos del programa a los organismos operadores o lo hacen con retraso. También se detectó la ausencia de una calendarización y publicación de la administración de los recursos.

Un caso similar se observó en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Éste tiene como finalidad contribuir a la formación de recursos humanos y su equipamiento; operar la red de telecomunicaciones e informática; construir, mejorar y ampliar la infraestructura, y apoyar el seguimiento y evaluar los programas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública no ejerció, hasta diciembre del año 2012, 2 mil 13 millones de pesos.