a fiscalización de los recursos públicos en San Luis Potosí cambió de manos. De un auditor superior del estado nombrado hace siete años, con el panista Marcelo de los Santos en la gubernatura y la ex alcaldesa priísta Victoria Labastida como diputada, pasó a un sucesor en cuyo nombramiento la mano del actual gobernador priísta, Fernando Toranzo, no estuvo ausente.

El auditor saliente, Héctor Mayorga Delgado, plenamente caracterizado como encubridor de la administración panista de la que formó parte como funcionario menor, en el último trayecto incluyó a su inacción omisiones para sancionar una serie de irregularidades en la gestión de Labastida, quien como diputada apoyó su nombramiento.

En su papel de garante de impunidad para quienes influyeron en su designación, Mayorga Delgado amplió su campo de acción a constantes negociaciones con los titulares de los entes fiscalizables, al grado de reportar raquíticos resultados en cuanto a recuperación de erario desviado y aplicación de sanciones a funcionarios corruptos.

Ensañado especialmente con los ayuntamientos, cada año les señalaba irregularidades que rondaban mil millones de pesos, pero en ningún momento se reflejaron en resarcimientos al patrimonio de los municipios. Tales cifras parecían más la puja para negociaciones que la acusación para recuperaciones.

El descrédito en que sumió Mayorga Delgado a la Auditoría Superior del Estado constituye uno de los principales retos del nuevo auditor, José de Jesús Martínez Loredo, a quien se liga con el secretario de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, uno de los aspirantes a suceder a Toranzo en la gubernatura.

Tan abiertas y rayanas en el cinismo fueron las maniobras de encubrimiento de su antecesor en favor de quienes lo nombraron, que si Martínez Loredo no enmienda en el corto plazo las impunidades que hereda, pocas esperanzas dará de que la fiscalización en San Luis Potosí abandone la torcida ruta de los siete años recientes.