os víctimas de la injusticia muestran cómo, en este país, el derecho al debido proceso y a juzgar con perspectiva de género no son más que una retórica: son los casos de Nestora Saldado García, de Guerrero, y de Leticia Valdez Martell, de Oaxaca.
Como ha sido difundido en los medios, Nestora Salgado es una mujer joven originaria de Olinalá, Guerrero, quien siendo adolescente tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de oportunidades y 20 años más tarde, ya casada y con tres hijos, decidió regresar a Olinalá para ayudar a su gente. No tardó mucho en convertirse en una líder social y en comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), grupo que se ha enfrentado a delincuentes del crimen organizado y ha denunciado la corrupción de funcionarios locales.
El 21 de agosto del 2013, Nestora fue detenida en la cabecera de ese municipio por efectivos del Ejército, la Marina, la policía estatal y la policía municipal. Tal como relata Sanjuana Martínez (Sin Embargo), el 16 de agosto ella encabezó la detención del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato, y presuntamente estar involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Esa retención movilizó al Ejército Mexicano para detener y encarcelar a Nestora. Las irregularidades fueron muchas: de manera arbitraria la detuvieron alrededor de 20 militares en 15 vehículos y después la pasaron a otro vehículo de la Armada de México. Posteriormente la trasladaron en avión a Tepic, Nayarit, y durante cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño, le robaron su bolso, su celular, documentos, 15 mil pesos, una cámara digital, sus anillos de matrimonio. Nestora es ciudadana estadunidense y jamás le permitieron hacer una llamada a la embajada de Estados Unidos. Durante su detención, la Procuraduría General de la República la obligó a firmar un documento sin leer su contenido: ella presume que este texto podría ser una confesión del cargo de secuestro que le imputan.
Las detenciones de la Policía Comunitaria de Olinalá están incluidas en la normativa acordada por el gobierno. Lo que Nestora denuncia es la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico. Por toda respuesta, el Estado la encarcela. Ella tiene claro que si algo le pasa a ella o a su familia, los responsables son los funcionarios; señala a Eusebio González, Omar Jiménez y Armando Patrón Jiménez. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan está defendiendo a Nestora del cargo de secuestro agravado en el juzgado segundo de distrito, con sede en Chilpancingo, y ha exigido su liberación por tratarse de un claro ejemplo de ilegalidad en su detención y traslado a un penal de máxima seguridad.
Otro caso de violencia institucional de género es el de Leticia Valdez Martell. Ella es la madre del conocido caso de violación sexual a su hijo de cuatro años en Oaxaca, en la cual se presumía la participación de docentes y autoridades de su escuela. Leticia Valdez denunció los hechos en 2007 ante el agente del Ministerio Público del fuero común del primer turno de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales con sede en Oaxaca, Oaxaca. Ante diversas anomalías e inactividad procesal por parte del Ministerio Público, ella presentó queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que concluyó con una recomendación a las autoridades judiciales. Leticia es una ama de casa que las circunstancias han llevado a dedicarse a defender los derechos de su hijo Luis Felipe González Valdez, porque ahora, independientemente de la anterior acusación, ella está demandando al padre de su hijo, Luis Felipe González Grijalva, por el pago de una pensión alimenticia. A pesar de que la sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolvió favorablemente, el padre no ha dado cumplimiento a la sentencia, por lo cual ahora Leticia lo denunció por el delito de abandono de persona. Se le dictó auto de formal prisión, pero él logró la libertad provisional al garantizar como fianza la hipoteca de un inmueble comunitario, además ha recurrido al recurso de apelación para dilatar el proceso y evitar la reaprehensión.
Todas las complicaciones que ha sufrido Leticia Valdez en este proceso penal se derivan del hecho de que en el anterior proceso penal que se siguió en contra de los agresores de su hijo, ella exhibió mediáticamente a los funcionarios que actuaron de manera corrupta en plena complicidad y encubrimiento para proteger a los abusadores sexuales, entre los cuales se encuentran miembros del Poder Judicial del estado de Oaxaca. A manera de venganza ellos se han ensañado con una mujer que ha decidido actuar en defensa de los derechos de su hijo menor.
¿Cómo evitar que los servidores públicos aprovechan el sistema de justicia para venganzas personales contra las mujeres? ¿Acaso se trata de una cultura institucional? Decía José Alfredo Jiménez: “Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida, para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder”.
Twitter: @Gabrielarodr108
