Pese a que desde hace dos años el Gobierno del Distrito Federal (GDF) obtuvo de manera definitiva la extinción de dominio del Hospital Central de Oriente, cuyo propietario fue acusado de tráfico de menores, no ha podido concluir el traslado del inmueble, debido a que no ha pagado la indemnización a la víctima de dicho delito y por contradicciones sobre la superficie del inmueble, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Gómez Farías.

En la sentencia emitida el 12 de marzo de 2012, el juzgado séptimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se decreta el pago de 5 millones de pesos como reparación del daño moral en favor de Vanessa Castillo Guzmán, quien en octubre de 2008 dio a luz en dicho hospital, pero los médicos le dijeron que su niña había nacido muerta, cuando en realidad fue vendida en 15 mil pesos.

Para el pago de dicha indemnización, el juzgador ordenó el remate del inmueble, aunque con la posibilidad de que el gobierno de la ciudad optara por pagar a la víctima para conservar la propiedad del mismo, como establece el artículo 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el DF.

Según la Oficialía Mayor, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario fue notificada hasta el 14 de junio del año pasado de la sentencia, por lo que el pasado 23 de enero, mediante el oficio DGPI/DIIYSI/0133/2014, se inició el proceso de inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.