La presentación de avances en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, durante la sesión del Instituto Federal Electoral (IFE), fue utilizada por los consejeros electorales para advertir sobre la ‘‘regresión’’ que en la materia se introdujo con la reforma electoral. La pretensión de descentralizar esta actividad para dejarla sólo a los organismos locales, rompe con la posibilidad de instrumentar una política de Estado, se dijo.

Así lo consideraron los consejeros María Marván y Lorenzo Córdova, quienes en sendas intervenciones destacaron la necesidad de que en la legislación secundaria se reconsideren los alcances y se confiera al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) al menos una facultad de coordinación de los esfuerzos a nivel nacional.

Marván sostuvo que ‘‘la preocupación fundamental no estriba en que asuma la falta de capacidad de los institutos locales ni mucho menos, sino en que se dispersen esfuerzos. Una de las razones por las que hemos podido ir avanzando a lo largo de 23 años es porque el IFE, al ser una institución federal, ha implementado acciones que han repercutido en las 32 entidades’’.

Aseguró que con la reforma no sólo se trata de cambiar de siglas del IFE al INE, sino de una redistribución de facultades. En el caso, dijo, ‘‘estoy absolutamente segura de que la transformación de la cultura democrática, que la educación cívica debe ser una tarea de Estado. Y como tarea de Estado, creo que el INE debería tener al menos facultad de coordinación y de dictar las políticas generales’’.

A su vez, Córdova manifestó que a pesar de los 23 años de existencia del IFE y de sus políticas de educación cívica, aún falta mucho que hacer en la materia.

Por ello, estimó ‘‘crucial’’ que en la elaboración de las leyes secundarias se confiera al INE no solamente un papel de coordinador nacional, ‘‘sino de una instancia que detone la discusión pública respecto de los ejes sobre los cuales se debe transitar en la materia’’.

En su intervención, el senador panista Javier Corral reconoció la importancia que tiene la autoridad nacional en esta materia que, entre otros aspectos, podría contribuir a enfrentar problemas como la compra y coacción del voto. Atribuyó esta distribución competencial a una ‘‘omisión legislativa’’ que debe corregirse en las leyes secundarias.

Por otro lado, se aprobó también el Programa de Actualización y Modificación de la Cartografía Electoral, mediante el cual, entre otras repercusiones, mediante el cual se considera fusionar 52 secciones que se encuentran por debajo del límite inferior del rango establecido por la ley (50) y se pretende dividir otras 30 secciones, que superan el límite máximo de mil 500, dijo el consejero Benito Nacif.

Explicó la necesidad de replantear este esquema de límites máximos y mínimos, sin diferenciar entre zonas rurales y urbanas, porque son realidades que no se corresponden, concluyó.