Desde la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas ratificada por México (21 de septiembre de 1990), se estableció la necesidad de generar en los países una nueva cultura y percepción de la infancia y adolescencia, a fin de reconocer a este sector como sujetos titulares de derechos. Para ello debería existir la garantía de que se les escuche y tome en cuenta en cualquier ámbito que los afecte en su vida, así como sobre la protección de sus derechos.

A pesar del tiempo transcurrido, en México eso todavía no existe plenamente, asegura Alma Meneses, responsable del área de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Apenas en 2011, con la aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución, se facultó al Congreso de la Unión a tener una competencia concurrente con los estados y participar en la elaboración de leyes en la materia.

Es decir, ya no es una atribución sólo de los congresos de los estados decidir sobre la situación de la infancia. Con la modificación se generó la posibilidad de que exista una ley general, de aplicación federal, para tener un estándar mínimo de cumplimiento de los derechos de los niños.

Desde hace casi dos años existen un par de iniciativas de ley en la Cámara de Diputados y el Senado, las cuales no han sido dictaminadas.

La Redim ha impulsado la creación de un sistema integral de protección a la infancia, por medio del cual, en cualquier situación, exista la certeza sobre la protección y ejercicio de los derechos de los menores de edad, como podría ser en los procesos de divorcio.

Con un organismo de este tipo se terminarían los vacíos legales que dañan a los pequeños y habría mayor información de, entre otros aspectos, la cantidad de juicios de divorcio donde hay niños involucrados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía sólo informa que en el país se realizan alrededor de 100 mil procedimientos al año, la mayoría de los cuales (78 mil) se resuelven mediante un juicio y 13 mil son administrativos.

También, por cada 100 matrimonios se registraron 16 divorcios en 2011, y la edad media de los miembros de la pareja que se separa es de 39 años en los hombres y 36.4 en las mujeres.

La esperanza, a pesar de la tormentaFoto

Con un nuevo marco jurídico, explica Meneses, los hijos deberían contar con un abogado independiente de los de sus padres, que defienda sus intereses y sean él o ella quienes decidan sobre aquello que les afecta, como con cuál de sus padres quieren quedarse.

Porque resulta que los niños se tienen que adaptar a la decisión de los adultos y, en el mejor de los casos, permanecen en la casa familiar con una pensión, pero no es la mayoría, asegura Juan Martín Pérez García, director de la Redim.

Comenta que en algunos países, como España, existe la figura de la custodia compartida, donde, luego de la separación de la pareja, los niños permanecen en el hogar familiar y los padres se cambian periódicamente para vivir con sus hijos. Es una forma de asegurar a los niños que no perderán sus vínculos sociales y familiares, ni su estabilidad.

Otro elemento que se rescata con una defensoría de la infancia es el derecho de los menores a tener un proyecto de vida, el cual no se toma en cuenta al momento del divorcio. Eso es parte del proyecto de los padres, no de sus hijos.

Alma Meneses resalta que los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso prevén la obligación de escuchar a los niños en los procesos que les impactan. Aunque actualmente está en algunos códigos de los estados, no se cumple en todos los casos. En el Distrito Federal ha habido avances, indica.

Por ahora lo más cercano a una defensoría de los derechos de los niños está en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, pero es insuficiente, porque esos organismos ven muchos otros asuntos que requieren asistencia y no se dan abasto.

Los abogados de la infancia tendrían la facultad, entre otros, de intervenir en los llamados divorcios exprés, aquellos que se formalizan a petición de una de las partes. Este mecanismo ha sido un gran avance para la protección de las mujeres víctimas de violencia, pero ocurre que si después ellas no promueven la asignación de una pensión y la custodia de sus hijos, se ocasiona una afectación al interés superior del niño.