La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio ha sido para el Gobierno del Distrito Federal una herramienta para privar de sus bienes a la delincuencia y con ello afectar su economía. A cuatro años de la entrada en vigor en la capital del país, el balance fue calificado de favorable por la titular de la Fiscalía de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad (PGJDF), María del Carmen Puig.

En entrevista la funcionaria aseguró que se han tenido casos emblemáticos derivados de la implementación de la referida norma, como fue aseguramiento del Hospital Central de Oriente –que operaba en el número 491, de la calzada Ignacio Zaragoza– donde se tráfico con niños recién nacidos, así como en varios hoteles de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde se daba la trata de personas.

“A través de esa ley –agregó– se busca la pérdida de los derechos de propiedad de aquellos bienes que se encuentran relacionados con algunos de los delitos más significativos y que están afectando a la sociedad, como son narcomenudeo, trata de personas, secuestro y robo de vehículo. Se busca afectar la economía de la delincuencia. Privarlos en este caso de sus bienes muebles o inmuebles.”

A raíz de esa acción, añadió, es que todos los inmuebles, que luego de un proceso judicial se declaran a favor del Gobierno del Distrito Federal se utilizan para el bienestar social. No se le van a quedar a una persona en especial, sino que se que van a destinar a alguna de las áreas del gobierno para favorecer a la ciudadanía, expuso la funcionaria.

En entrevista con La Jornada, señaló que las casas o edificios asegurados se asignarán a alguna secretaría, ya sea para instalar sus oficinas u otra utilidad, pero eso se determina a través de un comité técnico interinstitucional y según las nece- sidades o solicitudes presentadas por las dependencias.

María del Carmen Puig resaltó que se evitará perjudicar a la gente quitando sus bienes a quien no sabía el uso ilegal que terceras personas daban a su propiedad.

En los juicios que se están llevando ante un órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al ciudadano que demuestre que no tiene nada que ver con el evento ilícito que se maneje se le va a regresar el inmueble. Por ello tenemos 34 asuntos perdidos, de alguna manera perdidos, porque el inmueble no pasó al gobierno, pero se le ha regresado al ciudadano que ha demostrado que no tenía nada que ver con algunos de los delitos mencionados, indicó la funcionaria.

Comentó que con este mecanismo también se busca la participación de la gente. Que los ciudadanos sepan que son los ojos de la procuraduría y del GDF para que ellos en un momento dado puedan darnos informes de vehículos robados que pasan mucho tiempo en un inmueble. El mismo reglamento de la Ley de Extinción de Dominio promueve la denuncia si en algún momento el ciudadano aporta datos que sirvan se les da un porcentaje de 2 a 5 por ciento del valor del inmueble que pasó a poder del gobierno.