El Gobierno del Distrito Federal promovió, de enero de 2009 a noviembre de 2013, un total de 165 acciones de extinción de dominio ante los juzgados especializados de esta ciudad, de los cuales 85 tienen ya sentencia definitiva, que en 90 por ciento de los casos fue favorable a las autoridades, con lo que han pasado a poder de las autoridades inmuebles en los cuales se cometían delitos de alto impacto social.

Así lo revelan datos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), obtenidos vía una solicitud de información pública, en los que se detalla que de los procedimientos resueltos en ese periodo sólo en ocho los jueces dieron la razón al propietario del inmueble, al comprobarse que era ajeno a los ilícitos que se cometían en su propiedad y que obtuvo el inmueble de manera legal.

En noviembre de 2008 el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que se publicó en diciembre de ese año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entró en vigor en marzo de 2009. Se aplicó originalmente a los delitos de trata de blancas, secuestro, robo de vehículos y delincuencia organizada, pero a raíz de una reforma posterior se dejó fuera este último y se agregó el narcomenudeo.

Los datos del TSJDF precisan que la mayoría de las acciones presentadas por la Procuraduría General de Justicia del DF –durante el periodo de marzo de 2009 a noviembre de 2013– fueron por robo de vehículos, con 103, que representan 62.5 por ciento de los asuntos. Le siguieron las de secuestro, con 24 (14.6 por ciento); trata de personas, 20 (12.5 por ciento) y narcomenudeo, 12 (7.3 por ciento).

Según las cifras entregadas, cinco de las 16 delegaciones políticas, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Tlalpan concentraron cerca de 75 por ciento de los procesos, con 120. Por si sola, Iztapalapa acaparó 50 casos.

Mediante el uso del esquema legal de extinción de dominio la autoridad capitalina ha logrado en los pasados cinco años que se pierdan los derechos de propiedad sobre aquellos bienes en los que se comprobó que se cometía alguno de los cuatro ilícitos mencionados, sin que hubiera contraprestación ni com- pensación alguna para el dueño del inmueble, si éste no acreditó ante los juzgados especializados la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe.

El informe del TSJDF agrega que de los 80 procedimientos que hasta noviembre del año pasado estaban pendientes de resolverse, cuatro se encontraban en situación de desestimiento; 12 se concentraban en el juzgado noveno, mientras que en los juzgados primero, séptimo y décimo se tenían 10 cada uno, y ocho más en el juzgado segundo.