La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que el Senado tiene para dictamen, presenta avances en la regulación y competencia de ese sector industrial, pero pretende ahondar en la privatización salvaje de los ferrocarriles iniciada en el sexenio de Ernesto Zedillo, advirtió la senadora perredista Dolores Padierna.

Explicó que la minuta que les remitió la Cámara de Diputados –donde se aprobó el pasado día 4– reduce la participación del Estado a mero garante de las condiciones del mercado, mientras se flexibilizan las regulaciones para que las empresas privadas que dominan el sector puedan acceder a la propiedad de las vías férreas.

Adelantó que su bancada pugnará por modificar la minuta en los aspectos que pretenden ir más allá en el proceso de privatización de los ferrocarriles, el cual ha acarreado consecuencias graves, entre ellas un fuerte rezago y altas tarifas.

Añadió que en la propia exposición de motivos de la iniciativa se reconoce que la privatización del ferrocarril, iniciada en 1996, llevó a la extranjerización de ese servicio, la concentración de las ganancias en pocas manos, las de empresarios beneficiados por los gobiernos de derecha del PRI y el PAN, ya que también cercanos a Carlos Salinas, como el Grupo México, se han enriquecido con el negocio. Además, desapareció prácticamente el servicio de pasajeros y no se construyeron nuevas rutas, como se había prometido.

Los beneficiarios de la privatización, insistió, son empresas trasnacionales y la élite del poder de siempre. Hay tres concesionarias centrales: Ferrocarril Mexicano (FXE), Ferrosur y Kansas City Souther de México. En esta última es consejero Zedillo.

El ex presidente Vicente Fox concedió más acciones a Kansas City Souther, a cambio de que ésta se desistiera de la devolución de 2 mil 111 millones de IVA que exigía al gobierno mexicano, apuntó.

Agregó que Zedillo comenzó a cabildear contra esa reforma, ya que la trasnacional que representa no está de acuerdo en que se le ponga ninguna regulación.

El punto que más les molesta es el de la revocación de concesiones, ya que en la minuta se establece que se procederá a hacerlo cuando los concesionarios limiten el uso de interconexión, incumplan con los términos del título de concesión o no mantengan las vías férreas de acuerdo con los estándares, normas o reglamentos, abundó la legisladora.

Alertó que puede darse simulación respecto a diversas causales de revocación, ya que la ley simplemente señala que podrá revocar o iniciar un proceso revocatorio, además de que se incluye la posibilidad de la afirmativa ficta en materia de concesiones.

La senadora perredista resaltó que la ley no combate las altas tarifas de carga que los tres principales grupos aplican, las cuales se ha incrementado hasta ocho veces en los últimos 12 años.

En la minuta, agregó, las tarifas permanecen en todos los casos a la libre determinación de los concesionarios y el Estado puede regularlas, sólo en los casos en que o exista competencia efectiva, sin que se defina con claridad qué significa ésta.

Uno de los puntos más delicados, agregó la legisladora, es que se han flexibilizado las regulaciones para que el capital privado pueda tener acceso en la práctica a la propiedad de vías ferroviarias por medio de permisos para la construcción y mantenimiento de las mismas. Por todo eso, sostuvo, la minuta tiene que modificarse en el Senado.