La fracturación hidráulica (también conocida como fracking), utilizada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo, es una de las técnicas de mayor riesgo para la disponibilidad de agua potable en el país.

Para la fractura de un solo pozo se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua, la cual se inyecta a presión. De abrirse los 20 mil pozos anuales que se planea en la industria, se requeriría una cantidad de líquido equivalente a la del consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.

La reforma energética contempla abrir el mercado a la explotación de gas pizarra, para lo que se requerirán desmesuradas cantidades de agua potable para poder extraerlo. Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, organizó para el miércoles próximo un foro de análisis sobre el uso de esa técnica en México.

Las rocas en que se encuentra atrapado el gas tienen baja permeabilidad, por lo que es necesario fracturarlas hidráulicamente para que éste ascienda a la superficie.

A mediados de los años 90 se emprendió una política de sustitución de combustóleo por gas natural, en su mayoría para la generación de energía eléctrica, y de forma minoritaria para el sector industrial, argumentando que permitiría emplear el ciclo combinado, una de las ténicas más eficientes para la generación de electricidad, lo que significaría menores costos de producción y ahorro de energía.

Entre 1996 y 2012, el consumo de dicho gas aumentó, pero no se procuró asegurar su producción y aprovechamiento, mismo que es vital para el funcionamiento de las plantas de ciclo combinado, por lo que la única solución para mantenerlas en operación fue importarlo, por lo que la cifra del combustible adquirido en el extranjero aumentó de 84 millones a 89 millones de pies cúbicos al día.

Dada esta situación, el sector ha tenido un crecimiento mayoritariamente en el ámbito privado, al igual que las tres plantas receptoras de gas natural licuado que proviene de diferentes regiones del mundo, pues también son operadas por particulares.

Como consecuencia de esta política, 2012 y 2013 se caracterizaron por una crisis de abasto de gas natural, que incluso orilló a su importación para la industria, justamente el combustible que se había decidido dejar de producir en primer lugar.

Los resultados perniciosos de la explotación del gas lutita se documentan en Estados Unidos, donde se han registrado más de mil casos de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se han identificado más de 2 mil 500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación y algunos estudios señalan que los productos utilizados con esta técnica pueden causar infertilidad, cáncer y defectos congénitos, entre otras enfermedades.

Asimismo, es importante señalar que se desconoce la totalidad de químicos que se emplean durante el procedimiento, pues las compañías se amparan en el secreto industrial para no revelar la mezcla exacta. Los químicos que se ha logrado identificar son sólo aquellos encontrados en la valoración de muestras de tierra y yacimientos de agua cercanos a los pozos de explotación.

Por otra parte, la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas de esquisto supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. El 90 por ciento de estas emisiones contienen metano, cuyo escape es superior en 30 por ciento al de los proyectos de gas natural convencional, generando un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono.

Ante la peligrosidad de esta técnica, Francia y Bulgaria la prohibieron para la extracción de hidrocarburos, y otros estados, como Rumania, Alemania, Suiza e Italia tramitarán moratorias en algunas de sus regiones para detener su uso.

“Las graves consecuencias sociales y ambientales que produce el fracking advierten sobre la necesidad de contar con un marco legal adecuado que prohíba su uso”, refirió Mejía Berdeja.