Sin claridad sobre un número de víctimas o presuntos abusadores sexuales, la Iglesia mexicana ha establecido una serie de medidas de prevención para contrarrestar este tipo de ataques.

Según la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes es difícil precisar una cifra de los religiosos que habrían incurrido en esas prácticas, porque la mayoría de las víctimas no denuncia por temor a represalias y/o la Iglesia misma no hace caso de acusaciones anónimas.

La red considera que por lo menos un centenar de religiosos podrían estar vinculados con estos delitos en el país, a partir de reportes recibidos. La mayoría de los casos se ventila por denuncias ante los medios de comunicación.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) cuenta con una guía sobre la prevención y combate a la pederastia, que ordena a los obispos a remitir a los responsables de los delitos a las autoridades civiles, además de brindar apoyo espiritual y legal a las víctimas.

Un punto central en estas orientaciones es poner especial énfasis en la formación de sacerdotes, a partir del ingreso a seminarios, y en contar con curas, sicólogos, terapeutas, laicos especializados e integrantes de la vida consagrada para atender estos casos.

La Arquidiócesis de México fue de las primeras en establecer criterios contra la pederastia clerical, tras las acusaciones que han pesado sobre el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien se acusó de encubrir a Nicolás Aguilar, acerca de quien recaen múltiples denuncias de ataques sexuales a menores.

En marzo de 2010, la curia arquidiocesana ordenó, entre otros lineamientos, que los sacerdotes no deben introducir menores en sus habitaciones y no deben pasar sus días libres con ellos.

La CEM instaló desde hace más de una década dos casas Alberione, en Guadalajara, Jalisco, y Damasco, en la ciudad de México, para dar atención especializada a los sacerdotes con problemas de alcoholismo, afectivos y en ocasiones a quienes se acusa de abuso sexual.