Ostula, Mich., 15 de febrero.

¿Hace cuántos años comenzó La familia michoacana a controlar la costa del estado, en este tramo que va de los límites con Colima a El Faro de Bucerías? Los testimonios de los vecinos se remontan al primer año de gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, fue hasta 2009 cuando la Armada de México colocó un retén en el límite invisible que separa las tierras de la comunidad indígena de Ostula y la mestiza de La Placita.

Ni el trasiego de drogas ni los asaltos consiguieron el milagro. El retén se colocó sólo después de que Ostula armó su policía comunitaria, en 2009, con la finalidad de enfrentar al crimen organizado y recuperar las tierras que les arrebató un decreto de Gustavo Díaz Ordaz.

Para efectos del combate a la delincuencia, el retén no sirvió de mucho. Lleva aquí más de cuatro años, y el jefe regional de los ahora Caballeros templarios se fue hace poco, sólo tras el avance de las autodefensas que, dicho sea de paso, llegaron a la costa michoacana el 13 de enero, cuando tomaron la cabecera del municipio de Coahuayana.

En el cerro frente a la playa donde ondea una bandera nacional ya con el escudo borrado, la señora Lupita señala un punto, allá, en los cerros del fondo; una porción de las 77 hectáreas que algunos mestizos aceptan haber invadido (no las mil 500 que los nahuas de Ostula reclaman): Allí al lado de mi casa hicieron su salidera para no pasar por el retén.

Repleto de salideras

De esas salideras está repleto el territorio michoacano. Brechas abiertas con la maquinaria de los ayuntamientos extorsionados, que sirven para que los delincuentes –y ahora los grupos comunitarios– libren los retenes donde los soldados o los marinos informan que están cumpliendo la ley de armas de fuego.

Como escenografía funciona, pero la realidad se cuela por todos lados. El malencarado miembro de las autodefensas lo dice al pasar un puesto de control militar: “Con aquellos (los templarios) bajaban las armas y hacían que no miraban”.

No sólo bajan las armas. El lunes 10 de febrero, apenas dos días después de la irrupción de los comunitarios en Ostula, llegaron los militares y desarmaron a varios.

Semeí Verdía y sus comandantes enfrentaron al mandamás (no saben si era coronel o tenía otro rango) y llamaron a la comunidad a evitar el desarme. Si pensabas desarmarnos, ahora el desarmado vas a ser tú, amenazó Verdía. Y retó: “¿por qué no dejas tus armas y te vas a la carretera 200 (la coster), a ver si los criminales te van a respetar?”.

Verdía habla el jueves 13, poco antes de que comience la asamblea que lo ha de ungir comandante de la renacida policía comunitaria. Echa un ojo al cielo, donde un helicóptero verde olivo da vueltas: Ahora no sólo me voy a tener que cuidar de los criminales, sino también del gobierno. Porque al gobierno no le convienen las organizaciones, no le conviene que los pueblos estemos unidos; le conviene que estemos en pelea para seguir aprovechándose.

Detrás de él, un jovencito con escopeta trata de no cerrar los ojos al rayo de sol cuando mira la aeronave: En vez de que anden buscando a los malandros nos andan buscando a nosotros.

Una autodefensa con reglamento

El hombre de rostro rudo que se quejó de los militares pertenece a la policía comunitaria de Chinicuila, una de las pocas, hasta donde se sabe, que no depende de las órdenes de los adinerados del municipio ni del carisma de un pionero. La de Chinicuila está sometida, por escrito, al control de un Concejo Popular que existe desde hace una docena de años.

J. Matilde Ramos Zepeda y Francisco Javier Alonso, integrantes del órgano de control de los comunitarios, dicen muy orgullosos que “aquí es muy difícil que haya infiltración de un cártel”.

Para asegurarse, el concejo, formado por los líderes morales de todas las rancherías y autoridades municipales, llevó a votación un reglamento interno de la policía comunitaria que señala, de entrada, que los armados no se mandan solos.

El resumen del reglamento va más o menos así:

Nada de alianzas con cárteles; no perder la buena imagen ante la sociedad y que haya respeto al civil; no acaparar armas; en la policía comunitaria debe haber respeto, obediencia, disciplina y justicia; cero corrupción; los comunitarios apoyarán en caso de desastres; el comité ciudadano será el único que podrá manejar dinero y materiales; malos actos serán sancionados con multas y desarme; no se influirá en asuntos legales, económicos ni de partidos políticos.

El enemigo en casa

¿De dónde eran? De aquí, eran gente de aquí, responde Refugio Verdía, echando la mirada a los agujeros en el techo de su modesto restaurante.

Refugio prefirió marcharse antes de correr la suerte de 31 de sus paisanos.

Son tantas las muertes que unos pierden la cuenta y otros el orden en que fueron abatidos. Pero varios coinciden en que “el terror templario se instaló plenamente” tras el asesinato de Crisóforo Sánchez, el 28 de diciembre de 2011.

Era gente de aquí, dice Refugio, y tiene razón, porque una parte de la comunidad indígena se puso del lado del cártel y varios de los asesinatos no fueron cometidos por mestizos, sino por los vecinos de al lado.

Según un productor agrícola de La Placita, los primeros crímenes (siempre selectivos) fueron ordenados directamente por el jefe regional de los templarios, Federico Lico González, quien decidió enfrentar así el abierto desafío lanzado por los nahuas.

Pero tuvo apoyo local. Como resultado del conflicto agrario, era muy difícil que cualquier autoridad, incluido el Ejército, se animara a entrar a Ostula: “Los que se metieron a la mafia le decían a Lico: ‘jefe, acá tiene un refugio por si lo necesita’”.

Los nahuas de Ostula no lo niegan. Incluso en su asamblea prometen que, en su momento, se llamará a cuentas a todos los que estuvieron involucrados con los templarios. Aclara Semeí frente a la asamblea general: Hay personas que estarán bajo vigilancia, y cuando no haya invitados se decidirá sobre ellos. Pero la ley va a hacer justicia, nosotros no.

Además del jefe templario, los nahuas acusan, en su asamblea, a quien consideran el cacique mayor del PRI, Mario Álvarez, quien ha sido candidato a diputado y funcionario regional del gobierno de Fausto Vallejo.

¿Tienen armas?

¿A quién ha molestado la policía comunitaria? –pregunta Semeí.

¡A nadie! –responde la asamblea.

Hasta ahorita ellos se han portado muy bien. Ellos no vienen correteando al humilde, avala el presidente de bienes comunales, Santos Leyva.

El nuevo comandante invita a todos los presentes que posean armas, de cualquier calibre, a incorporarse al movimiento. Explica que según el acuerdo firmado a finales de enero en Tierra Caliente, tienen derecho a registrar armas de grueso calibre y que sólo así podrán portarlas.

–¿Tienen o no tienen?” –pregunta a grito pelón.

–¡Síiii!” –responde al unísono la asamblea.

–Ah, bueno, entonces son muchas –completa, y el auditorio comunal se llena de risas.

Más tarde, al reunirse con ellos, un mando de la Policía Federal pedirá que nadie le tome fotografías. Si ven que les ayudo me ponen en la madre.

Alguien pregunta al mando si es seguro ir de aquí, en los límites de Colima, hasta Lázaro Cárdenas, que colinda con el estado de Guerrero. Hasta El Faro de Bucerías es seguro, más allá no vayan, dice, con la cara de quien quiere decir ni nosotros nos animamos.

La historia por escribir tratará del momento en que las autodefensas lleguen, si lo hacen, a ese puerto.