os intelectuales kirchneristas agrupados en Carta Abierta no tienen dudas: titulan La Patria en peligro, como nuevos jacobinos, su llamado a salir a las calles y movilizarse en defensa del gobierno amenazado y denuncian una gran conspiración de las trasnacionales aliadas con la oligarquía local y el capital financiero internacional y que utiliza a los grandes medios de comunicación ( La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, la televisión de dichos grupos) como formadores de una opinión golpista. Según esos intelectuales, que como siempre únicamente ven alternativas capitalistas y consideran a los trabajadores como mera fuerza subordinada de apoyo al bando kirchnerista de la burguesía argentina, está en marcha un golpe de Estado blanco.

El kirchnerismo en realidad lleva a cabo una política destinada a mantener y aumentar las grandes ganancias de las empresas, a las que favorece de todos los modos posibles y no toca en nada; busca elevar la productividad y contener o reducir los salarios reales y trata de paliar la crisis importada –inflación, problemas para la exportación al Mercosur, aumento de las importaciones y del turismo al exterior, reducción de las inversiones extranjeras– mediante subsidios a los servicios (transporte, energía) y medidas asistencialistas para sostener el consumo popular y el mercado interno. Su política defiende al capitalismo, sigue dependiendo de la exportación de materias primas, aplicando las normas neoliberales y considerando los salarios como una variable económica. Pero quienes la aplican desde el gobierno no son los tradicionales representantes del gran capital, sino un grupo heterogéneo de clasemedieros reclutados según el principio de la fidelidad al vértice kirchnerista.

Esta dependencia de los más ricos países capitalistas de América del Sur de gobiernos que expresan otra relación de fuerzas social, como el chavismo, el evismo, el lulismo, el kirchnerismo, resulta insoportable para el imperialismo estadunidense y las clases dominantes ligadas a éste.

Cristina Fernández, que no está en condiciones políticas ni personales de presentarse a una tercera relección, modificando para eso la Constitución, dirige un gobierno en permanente crisis política, que se apoya en una insegura y venal banda de notables (gobernadores, alcaldes) y carece del apoyo firme, tanto de los sectores fundamentales del capitalismo (todos ellos ligados al capital financiero internacional), como del movimiento obrero e inclusive de la dividida y desprestigiada burocracia sindical. El kirchnerismo mantiene aún un heterogéneo 40 por ciento de los votos, al cual dirige su política asistencialista, y 60 por ciento opositor, compuesto principalmente por sectores mayoritarios de las clases medias urbanas y rurales, está dividido políticamente entre el clásico peronismo derechista (Massa), el gorilismo desenfrenado (la Carrió), la extrema derecha (Mauricio Macri) y un centroderecha ultraconservador (Solanas, Binner). La izquierda social y política está creciendo, pero también está dividida y su núcleo más fuerte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es antes que nada un bloque electoral, no una dirección para la acción. Esta división de los sectores que, por la derecha o por la izquierda, atacan al kirchnerismo, por un lado da el papel de partido de la extrema derecha a los medios de información más conservadores y, por el otro, permite al kirchnerismo, como primera minoría, mantener el control de las Cámaras y del aparato estatal. En cuanto a las fuerzas armadas, hay un permanente estado de insatisfacción de las policías muy infiltradas por la delincuencia, y de la Gendarmería, pero tanto el Ejército como la Aeronáutica y la Marina –desde la derrota cuando la guerra de las Malvinas– están desarmadas, desprestigiadas y muy debilitadas.

La fuerza principal de quienes quieren obligar al gobierno a una mayor devaluación del peso y se oponen a que los soyeros y grandes exportadores paguen impuestos como todos los vecinos, reside en que el país depende de las exportaciones de granos, que están en manos de cuatro grupos, mientras la minería –extranjera, como la banca– prácticamente no los paga. El grupo de los exportadores subfactura lo que exporta y, además, retiene las ventas y la entrega de divisas, para especular contra el peso.

El gobierno giró a la derecha, creyendo hacer concesiones a un sector que quiere, en cambio, su cabeza, y no sólo no toma ninguna medida contra los agiotistas y la oligarquía, sino que devaluó brutalmente el peso para acercarlo al precio del mercado negro y habla de contener los salarios como si éstos causaran la inflación.

Hay sectores, incluso en Carta Abierta, que esperan que el gobierno adopte reformas posibles, como el monopolio estatal del comercio exterior, la estatización de los ferrocarriles, una modificación impositiva que haga que los ricos paguen más tasas y sus impuestos (hoy la recaudación impositiva viene sobre todo del IVA, que pesa sobre los trabajadores). También piden que los bancos paguen impuestos y un control real de cambios. La izquierda, a su vez, exige medidas para impedir que la soya se extienda por todo el país, a costa de los campesinos, el ambiente y los demás cultivos. Pero la variante kirchnerista de las políticas capitalistas excluye terminantemente esas medidas democratizadoras y estatizantes, Por eso no es posible alinearse con el kirchnerismo y menos aún con la oposición a éste: es necesario, además de defender un marco legal democrático, reconstruir la producción y el territorio con un plan obrero independiente.