Guadalajara, Jal., 15 de febrero.

El gobierno de Jalisco no ha cumplido el compromiso hecho hace tres meses para garantizar el pago de la tonelada de maíz a 4 mil cien pesos, denunció Miguel Sánchez Rodríguez, representante de los productores de la Ciénega.

El 4 de noviembre pasado, recordó, cientos de campesinos bloquearon carreteras en distintos puntos de la entidad, sobre todo en la región de la Ciénega, junto al lago de Chapala, en los límites con Michoacán, para exigir un precio de cobertura razonable a su cosecha.

Para suspender las protestas, autoridades federales y estatales acordaron entonces que el maíz se pagaría a 4 mil cien pesos por tonelada, más los apoyos especiales que otorguen los gobiernos estatal y federal.

La minuta, redactada por la Subsecretaría de Asuntos del Interior del gobierno estatal, señalaba que el cultivo del sorgo se comercializará en alrededor de 3 mil 800 pesos.

Más de un mes después, el 17 de diciembre, se reiniciaron los bloqueos carreteros porque el incumplimiento seguía manifiesto. Entonces se firmó un nuevo compromiso para garantizar los precios, pero casi dos meses después los productores comprobaron que el compromiso no se cumplió y este viernes se manifestaron fuera del Congreso local.

En la manifestación se buscó aprovechar la presencia del secretario de Desarrollo Ru- ral, Héctor Padilla, quien rendía una glosa del primer informe de gobierno del Ejecutivo ante los legisladores.

Acuerdo legislativo

Contra el compromiso del gobierno estatal, Padilla dijo que no se podría pagar el precio requerido a productores que permiten que sean intermediarios los que reclamen sus derechos.

Los productores lograron que diputados del partido Movimiento Ciudadano presentaran un acuerdo legislativo para redireccionar las partidas presupuestales que permitan cumplir con el compromiso de pagar a 4 mil cien pesos la tonelada de maíz.

Miguel Sánchez Rodríguez, representante de los productores de la Ciénega, dijo que están dispuestos a realizar medidas de presión para lograr su objetivo, en particular porque las autoridades con los compromisos adquiridos reconocen lo legítimo de sus reclamos.

La policía estatal envió a dos centenares de agentes antimotines a resguardar el edificio legislativo, donde se restringió el paso para evitar que se colaran manifestantes.