La Cámara de Diputados derogó ayer la Ley de Amnistía de 1978, aprobada en el gobierno de José López Portillo, en un momento en el que se buscaba dejar atrás la persecución de los movimientos sociales de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, conocida como guerra sucia.

Durante la discusión del dictamen para abrogar dicha ley, diputados de diversos partidos argumentaron que se cumplió cabalmente con el propósito para la que fue expedida y explicaron que continúa vigente la de 1994, que beneficia a quienes participaron en el alzamiento zapatista.

No obstante, diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano alertaron que continúa la persecución gubernamental a luchadores sociales y que persiste la idea autoritaria y fascista del PAN de regular la libre manifestación de las ideas y su expresión en la vía pública, con la ley de manifestaciones del Distrito Federal.

La diputada Claudia Delgadillo (PRI) afirmó que dicha ley tuvo origen en compartir las responsabilidades del quehacer nacional a quienes, formando parte de grupos de disidencia radical y con evidentes móviles políticos, incurrieron en conductas sancionadas por la ley.

Persecución de líderes incómodos

Sin embargo, la diputada Lorenia Valles (PRD) explicó que los movimientos sociales y de oposición política en esas décadas se organizaron para exigir un cambio de régimen político, fundamentalmente a partir de la represión de 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Sostuvo que la amnistía judicial fue sólo un gesto del gobierno federal que, en la práctica, continuó con la persecución de líderes incómodos, que restringió además los derechos de reunión, expresión, y que fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos de ejidatarios, sindicalistas, organizaciones vecinales, partidos políticos, activistas y comunidades indígenas.

Por ejemplo, dijo, mientras estaba en vigor la ley ocurrieron cientos de vejaciones a cargo de criminales, como Miguel Nazar Haro.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que tras derogarse la ley de amnistía de 78, el país requiere otra para muchos luchadores sociales que son perseguidos por el gobierno y de nueva cuenta la represión se recrudece.

También, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) dijo que el propósito de la citada ley fue terminar la persecución contra quienes decidieron tomar las armas en contra del régimen.

Pero hoy la tendencia es a criminalizar la protesta social, como se quiere con la ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, e incrementar las penas por terrorismo.