No sólo Ernesto Zedillo participó y se benefició con la concesión de los ferrocarriles que controlan dos empresas trasnacionales, sino que Javier Lozano Alarcón –entonces subsecretario de Comunicaciones– se convirtió en el alfil de dicho proceso. Diputados del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) calificaron al senador panista de saltimbanqui de la política y protector de los intereses de la iniciativa privada.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, manifestó que el fondo de la reforma ferrocarrilera es hacer más competitivo al país, extender una red ferroviaria más moderna e instituir una conexión que abarate costos para que todos los ciudadanos salgan ganando. No se trata de encontrar culpables 16 años después. Lo que queremos es un sistema ferroviario competitivo.

En la Cámara de Senadores, legisladores de PRI, PAN y PRD advirtieron que no permitirán presiones del ex presidente Ernesto Zedillo ni de ningún cabildero de las trasnacionales ferrocarrileras para frenar la reforma sobre la ley ferroviaria, y señalaron que el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano, debe valorar la posibilidad de excusarse y no participar en el debate de la minuta ante la eventualidad de enfrentar un eventual conflicto de intereses.

La secretaria de la comisión, la priísta Claudia Artemisa Pavlovich, dijo que se escuchará a todos, pero no es correcto que se pretenda retrasar durante meses el dictamen. El perredista Miguel Barbosa señaló que el pleno del Senado puede decidir si Lozano incurre en conflicto de intereses.

Las reacciones en ambas cámaras por la postura asumida por Lozano Alarcón –en su momento empleado de Ernesto Zedillo– redundaron en la exigencia de que el ahora panista (y abierto calderonista) se retire del proceso, porque rompería los equilibrios y su postura afectaría el proceso de modernización de los ferrocarriles que se impulsa desde el Ejecutivo.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del PRD, consideraron que Lozano Alarcón no está en posibilidad alguna de dictaminar la minuta. Está obligado a retirarse y no participar en la discusión de aquellos temas en los que hay conflicto de intereses, y éste es el caso.

Asimismo, el senador Javier Corral, del PAN, advirtió que es necesario revisar a fondo la minuta para concluir si Lozano enfrenta conflicto de intereses, y de ser así, tiene la obligación política y moral de excusarse.

En San Lázaro, se intensificaron las reacciones que suscitó la defensa de Lozano sobre la concesión ferroviaria en que acompañó a Zedillo.

Aleida Alavez, vicepresidenta de la mesa directiva por el PRD, calificó a Lozano –quien es recordado por haber instrumentado el despido de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro– de ser un personaje que atiende los intereses económicos por encima de la política. Es de los que actúa con cinismo obnubilado por los poderes fácticos. Es un personaje que, en esta lógica, tiene de todo menos la ética de actuar en beneficio de la mayorías. Tendrá que excusarse de participar en el proceso que se desarrolla en el Senado.

Su correligionario José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia, recordó el pasado reciente de Lozano como priísta y su actual militancia en el panismo calderonista. No me merece ningún respeto, es un mercenario y golpeador que ha vivido salvaguardando los intereses de un pequeño sector de ricos.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados del PRD, indicó que tanto Ernesto Zedillo como su empleado Javier Lozano actuaron de forma unificada para entregar a intereses privados un aérea estrategia del interés nacional. Incluso es evidente, con el tiempo, que esa relación contribuyó a consolidar la transición pactada del poder político entre Ernesto Zedillo y los panistas.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, también la emprendió contra Lozano: “Ha resultado un político de grandes dotes y altura para los poderes fácticos y los sectores más reaccionarios del país; es un cínico, un saltimbanqui que ha actuado en actos delictivos. Sólo hay que recordar el caso de Zhenli Ye Gon, a quien amenazó: ‘¡o copelas o cuello!’ –eso declaró el ciudadano chino– o el terrible acto antisocial de haber despedido de su trabajo a más de 40 mil trabajadores electricistas. Un hombre así no merece ninguna consideración, ni como político ni como ser humano”.