Las cárceles mexicanas son una región de desastre, espacios de corrupción, mercados de la miseria humana donde todo tiene precio: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor. Se debe hacer una limpieza profunda en las prisiones de México o de lo contrario seguirán siendo sitios donde impera la corrupción y la impunidad.

Así se explica la situación del sistema penitenciario en un diagnóstico realizado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a petición del Programa Universitario de Derechos Humanos.

En la presentación del documento titulado Propuesta para rescatar los derechos humanos en el sistema penitenciario, Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y uno de los autores del diagnóstico, consideró que en las cárceles urge eliminar la corrupción, capacitar a los custodios y tener instalaciones que garanticen las garantías mínimas fundamentales de los internos.

La situación que prevalece en las cárceles es lamentable debido a la corrupción inconmensurable, sobre todo porque el personal de todos los niveles no está capacitado para ejercer su encargo, dijo el académico.

Laura Martínez Breña, asistente de investigación del IIJ y también autora del diagnóstico, explicó que el estudio tiene un apartado acerca de la realidad del sistema penitenciario mexicano y otro relativo a los derechos de las personas privadas de la libertad. Confió en que el trabajo sirva para que se dé atención a los reclusos y sea de utilidad en las tareas que aquél realiza de manera cotidiana.

El estudio señala que en el país existe abuso de la prisión preventiva, por lo que se deberían aplicar alternativas de castigos o penas fuera de la cárcel. Esto ha causado sobrepoblación y violaciones a derechos esenciales de los prisioneros, como la salud, la alimentación digna, la educación y la capacitación.

La investigación propone poner en práctica una normatividad nacional sobre la ejecución de penas que recoja experiencias y sugerencias constructivas acordes con los estándares del derecho internacional; construir un sistema que siga una línea legislativa austera, verificar los resultados para incorporar correcciones y revisar la legislación que propicia la sobrepoblación y los altos costos de los reclusorios; impulsar el desarrollo de sustitutivos y correctivos de la prisión.

También se recomienda desarrollar el tema de la judicialización de la ejecución penal y dotarlo del impulso y los bienes materiales que requiere; elaborar programas, diseñar espacios y aplicar recursos que favorezcan el trabajo, la educación, la salud, las relaciones con el exterior, el deporte y los derechos humanos; así como atender las necesidades de alojamiento, alimentación, ropa y medicamentos, que permitan una verdadera reinserción social de los sentenciados.

También plantea acciones urgentes para terminar con la corrupción de forma enérgica, completa y sistemática; contar, en tanto se abate la sobrepoblación, con un mayor número de sitios de reclusión en los que se atiendan los estándares internacionales y disponer de instituciones especializadas en la recepción de diversas categorías de reclusos; entre otras.

Se informó que el análisis y las propuestas se presentaron a las autoridades penitenciarias federales, así como de las 32 entidades, con la finalidad de que la consideren, porque la reforma penitenciaria sigue siendo tema pendiente en México.