El PRI en la Cámara de Diputados calificó de atinado el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto –a través de su consejería jurídica– de interponer una controversia constitucional al considerar que existe invasión de facultades entre el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Héctor Gutiérrez, presidente de la comisión de comunicaciones en San Lázaro, expuso que si bien la controversia constitucional no limitará la posibilidad de seguir legislando en la ley secundaria de telecomunicaciones, sí puede solicitar la suspensión del acto impugnado; es decir, de la reforma constitucional en la materia. Recordó que el proceso inició previamente al decreto de reforma constitucional que “establece de manera muy clara los términos de must carry y must offer, y que una resolución del tribunal en cuestión acota las facultades inherentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así la Suprema Corte de Justicia, que tendrá en su mano la controversia constitucional resolverá sobre el fondo y estará obligada a dictaminar el acto solicitado por el Ejecutivo federal.