La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) señaló que la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario aprobada por la Cámara de Diputados atenta contra el estado de derecho y pone en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones, afectando gravemente al país y su credibilidad sobre las concesiones públicas.

En su postura sobre la reforma, las empresas de esta industria alertaron que por tratarse de disposiciones que constituirían el incumplimiento del Estado mexicano a lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), existe la preocupación de que cualquier concesionario pueda iniciar acciones en contra del Estado.

La AMF argumentó que se produciría una desposesión injustificada de los derechos adquiridos, pérdida de inversiones estimadas en 7 mil 500 millones de dólares, y se configurarían faltas, como la violación al trato justo y equitativo.

El organismo, que preside José Zozaya, señaló que la creación de figuras como permisionarios sin las mismas obligaciones de los concesionarios pone en riesgo la rectoría del sistema ferroviario.

Las empresas de ferrocarriles que operan en México después de la privatización son Ferromex, Ferrosur, Ferrovalle, Kansas City Southern y Ferrocarril Coahuila-Durango, cuyas directivas consideran que la aplicación de la reforma es inconstitucional, por que no puede ser retroactiva y afectaría las inversiones que fueron planeadas bajo el derecho de exclusividad otorgado a 30 años.