a Presidencia de la República parece decidida a repetir el espectáculo que dio al propiciar las reformas constitucionales sin tener a la vista un bosquejo de las leyes secundarias. Por lo visto prefiere negociar con algunas de las partes interesadas –los consorcios televisivos para el caso de las telecomunicaciones o el lobby petrolero– que ventilar públicamente, de cara a la ciudadanía, las propuestas que en concreto decidirán el sentido final de los cambios adoptados en la Carta Magna. Al gobierno no le preocupa la opacidad, el descuido o la ausencia de una genuina deliberación, pues cuenta con que al final dispondrá de la mayoría mecánica que le asegura el fast track en los congresos estatales para sacar adelante casi cualquier iniciativa. Cree que la propaganda sustituye al análisis y desprecia la impugnación que disiente de sus objetivos tanto como de sus torpezas antidemocráticas, así éstas se vistan con el ropaje formal de la legalidad. Por eso resulta pertinente el documento elaborado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Petróleo y energía: las preguntas que exigen respuestas en leyes secundarias, donde se repasan, justamente, esas cuestiones vitales que aún permanecen como enigmas tras los cambios constitucionales. Vale la pena reseñarlas, pues son una especie de agenda del debate pendiente (o de lo que éste debería contener).

Por ejemplo, ante la inminencia de tomar decisiones, los autores se preguntan: ¿con qué criterios de referencia dictaminará la Secretaría de Energía las capacidades de Pemex para explorar y explotar con eficiencia y competitividad? ¿Están la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en condiciones técnicas para adjudicar en meses próximos las áreas y campos petroleros? Y, cuestión crucial, ¿qué criterios adoptarán para evaluar las capacidades de inversión que se le exigen a Pemex para explotar yacimientos descubiertos, si de entrada se parte de que no cuenta con recursos, si en realidad Pemex sigue financiando al Estado mexicano? Los legisladores que tienen a su cargo la dictaminación de las leyes secundarias harían bien en tomar en serio dichos cuestionamientos, pues las preguntas abarcan un amplísimo temario, en el que se incluyen cuestiones de Estado apenas discutidas a la luz de las reformas: ¿cómo a través de la nueva configuración de organismos de todo tipo podrá el Estado planear, conducir, coordinar, orientar, regular y fomentar las actividades relacionadas con la energía, en tanto siguen siendo de interés general para el desarrollo y además son estratégicas y prioritarias, al menos en alguna parte de su ciclo? ¿Qué previsiones se han adoptado, y cómo se expresarán en la legislación, para garantizar la integración de políticas y la coordinación básica entre los organismos del sector energético y, en especial, ante lo que parecería una configuración institucional dispersa? ¿Cuáles precauciones se adoptarán para que los distintos órganos, sobre todo los autónomos, no repitan la historia de capturas de intereses? ¿Bastarán los requisitos y los mecanismos de nombramiento de quienes integren las comisiones autónomas, para garantizar su ejercicio adecuado? Los autores del texto ponen el dedo en cuestiones candentes que el gobierno y los promotores de la reforma han ignorado sistemáticamente: ¿qué salvaguardas se tomarán en la legislación secundaria y en los programas de política ante el caso, ya experimentado en otros países, de que los nuevos agentes no aseguren la oferta de energéticos y de electricidad? ¿Qué medidas se anticiparán en caso de que tanto los hidrocarburos como la electricidad tengan alzas de precios mayores a lo esperado, como también se ha experimentado en países que han pasado por estos cambios?

Ante la evidencia de que no existen elementos para pensar que la esperada afluencia de inversiones al sector energético impulse una mayor captación fiscal y no fueron demostrados los supuestos en la propuesta de política económica para 2014, es crucial conocer cuáles serán las definiciones para el nuevo régimen fiscal de Pemex de tal modo que no se le debilite más en vista del nuevo panorama de competencia en el mercado energético, y a la vez se asegure una transición ordenada para suplir la previsible reducción de la contribución que actualmente realiza. ¿No debería revisarse la simplificación en que se incurrió al definir el objeto de las empresas productivas del Estado como la creación de valor económico y el incremento de los ingresos? Si Pemex entrará al mundo de la competencia global, ¿cuál debe ser su régimen industrial de transparencia? ¿El de un organismo público, o el de una industria que compite con consorcios trasnacionales no sujetos al acceso a la información y al régimen de rendición de cuentas del Estado mexicano? ¿Cuál fue el sentido de la decisión de crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para recibir, administrar y distribuir los ingresos de las asignaciones y contratos (exceptuando los impuestos), y además asignárselo al Banco de México como fiduciario, cuando su administración involucra decisiones concretas de política pública a las que se destinarían los fondos? No menos importantes son las preguntas en torno a qué disposiciones legales y de política pública se tienen previstas para concretar encadenamientos productivos nacionales en la actividad energética ¿En qué bases y porcentajes mínimos se está pensando para la proveeduría nacional en la ejecución de las nuevas asignaciones y contratos? ¿Cómo se espera compatibilizar los mecanismos para los encadenamientos y porcentajes mínimos con las disposiciones de los tratados y acuerdos comerciales, en especial con el TLC? Por último, el documento citado in extenso se cuestiona qué previsiones se incorporarán para prevenir riesgos ambientales en las nuevas formas de explotación de hidrocarburos, sobre todo los asociados a esquistos. ¿Qué disposiciones se incluirán en las reformas secundarias para estimular la innovación y un desarrollo tecnológico más acelerado en las industrias productivas del Estado que sobrevivan y en las empresas nacionales del sector?

Numerosos sectores de la sociedad civil han manifestado su inconformidad con la reforma constitucional aprobada y ya han emprendido el camino para conseguir la impugnación de sus filos más lesivos. La discusión de las leyes secundarias será un espacio propicio para evitar el desastre mayor.