n día después del hallazgo del cadáver del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz –desaparecido el pasado 5 de febrero en Coatzacoalcos, Veracruz, y encontrado en una fosa clandestina con los cuerpos de dos personas más–, organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos se pronunciaron por el pleno esclarecimiento de ese crimen.

Amnistía Internacional exhortó a las autoridades federales y estatales a que se investigue de manera pronta e imparcial el asesinato del periodista, en tanto que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una enérgica condena y se sumó a la exigencia al gobierno federal para que se investigue de manera diligente, completa e imparcial el homicidio.

El telón de fondo en que ocurrieron los hechos señalados es el clima de violencia y anulación del estado de derecho en distintos puntos del país, así como la clara inoperancia de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, factores que otorgan un amplio margen para el accionar de los grupos delictivos y derivan en un ambiente de impunidad generalizada en el cual se han vuelto recurrentes los levantones y ejecuciones de personas, con independencia de su profesión.

Por no ir más lejos, los cadáveres hallados junto con el de Gregorio Jiménez corresponden, según la información disponible, a un taxista y a un dirigente sindical llamado Ernesto Ruiz Guillén, cuyo secuestro había sido abordado días antes en uno de los reportajes publicados por el periodista.

En el caso, por añadidura, la situación se agrava por el descontrol informativo y la falta de una comunicación coherente del gobierno estatal.

A la confusión inicial originada por la declaración de un diputado local, quien dijo que Jiménez de la Cruz había sido hallado con vida, se suman los contrastes declarativos entre la familia de la víctima y las autoridades veracruzanas: mientras la primera afirma que el crimen está relacionado con su trabajo periodístico –particularmente con la cobertura de dos asesinatos relacionados con el bar El Mamey, propiedad de Teresa de Jesús Hernández, una de las detenidas–, las segundas insisten en señalar que el móvil fue una venganza personal.

En una entidad donde se han registrado 15 homicidios de periodistas de 2000 a la fecha –10 de lo cuales ocurrieron bajo la administración actual–, y habida cuenta de los elementos de juicio mencionados, es, sin embargo, imprescindible que la procuraduría local tenga en cuenta todas las posibles líneas de investigación y se abstenga de ofrecer a la opinión pública conclusiones apresuradas. De otro modo se refuerza el escepticismo de ésta en general y se impulsan el descrédito institucional y la incertidumbre y la zozobra ciudadanas.

Tales factores, a su vez, lastran el necesario esclarecimiento del caso citado y dificultan la recuperación del estado de derecho en Veracruz y en el país.