Chihuahua, Chih., 12 de febrero.

Deudos de Cristina Baca, una de las víctimas mortales del accidente provocado el 5 de octubre pasado por una camioneta monstruo en el espectáculo Aeroshow, interpusieron una demanda administrativa contra el ayuntamiento de Chihuahua, al que exigen una indemnización de 73 millones de pesos. Familiares de otros ocho fallecidos podrían aumentar el reclamo a más de 650 millones.

Iván, Eloy Alonso y Diana Cristina Valencia Baca, hijos de una enfermera fallecida arrollada, fueron asesorados por abogados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para reclamar la compensación con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua.

Este ordenamiento obliga a las entidades públicas a responder a los ciudadanos por daños en su patrimonio, su vida y su salud a causa de una actividad irregular del estado o los municipios.

El departamento jurídico del ayuntamiento de Chihuahua respondió que no puede dar entrada a esta demanda hasta que las autoridades ministeriales y judiciales resuelvan la situación jurídica de los implicados en el accidente, que causó la muerte de nueve personas y lesiones a 70.

El alcalde, Javier Garfio Pacheco, quien asumió el cargo cinco días después del accidente, aseguró que el ayuntamiento no elude su responsabilidad institucional, pero no puede pagar hasta que las autoridades desahoguen el proceso penal.

Indicó que el gobierno municipal ha erogado más de 15 millones de pesos por gastos de hospitalización de las víctimas y también sufraga la rehabilitación física y las terapias.

La única persona presa, acusada de homicidio imprudencial de nueve personas y lesiones a 40, es el chofer de la camioneta, Francisco Velázquez Samaniego, de 52 años de edad. Guillermo Ávila, ex director de protección civil, así como Luis Felipe Valdéz y Eliot Castillo, empresarios relacionados con el Aeroshow, están libres bajo fianza o cuentan con amparos federales, en tanto que José Domínguez, ex jefe de bomberos de la capital, está prófugo.

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación sigue su curso y que se ha citado a más de 120 presuntos implicados.

Luego de conocerse el monto demandado por los deudos de Cristina Baca, se filtró a los medios de comunicación una supuesta conversación entre familiares de la víctima y empleados del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, quienes supuestamente negocian la presentación de la demanda a cambio de una comisión de 30 por ciento en caso de caso de ganar.

En la diputación permanente del Congreso del Estado, el coordinador parlamentario del PAN, César Jáuregui, aseguró que a pesar de este intento de descalificar el apoyo a las víctimas del accidente, continuará el proceso jurídico porque la única intención es responder al reclamo de los ciudadanos.

Aseguró que Acción Nacional no ha partidizado el accidente del Aeroshow, pero sí lo han hecho grupos dentro del Partido Revolucionario Institucional para ajustar cuentas con miras a la búsqueda de postulaciones para los comicios federales del próximo año y la sucesión gubernamental del estado en 2016. Al ex alcalde Marco Quezada se le vincula con el ex gobernador José Reyes Baeza Terrazas y al actual presidente municipal, Javier Garfio, con el grupo del gobernador César Duarte.

El coordinador de la bancada panista señaló que las autoridades municipales han dejado entrever que pretenden indemnizar a los familiares conforme a la Ley Federal del Trabajo (así, los deudos de cada víctima recibirían aproximadamente 360 mil pesos) y no de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es la norma aplicable y prevé montos hasta de 73 millones de pesos por cada persona que perezca.