Buenos Aires, 11 de febrero.

La Corte Suprema ordenó hoy incluir a Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear Canal 13), perteneciente al poderoso y opositor Grupo Clarín, en el reparto de publicidad oficial, después de una serie de recursos, demandas y apelaciones del Ejecutivo.

Artear Canal 13 promovió una acción de amparo contra el Estado para que mantenga la distribución equilibrada en relación con la cantidad de publicidad recibida en años anteriores, y en particular con anterioridad al año 2008.

Ese año los medios opositores, entre ellos Canal 13, participaron activamente en el llamado paro del campo, movimiento que fue calificado como un intento golpista promovido por cuatro entidades patronales rurales, que mantuvo al país en vilo y al borde del desabastecimiento durante cuatro meses.

Canal 13 nunca cumplió hasta estos días con lo establecido en la ley de medios audiovisuales, votada por el Congreso en 2009 y obstaculizada por los grandes grupo de medios como Clarín, hasta que el año pasado la misma Suprema Corte puso un punto final a esa situación, al ordenar el acatamiento de la legislación.

En el fallo el tribunal supremo, con anuencia de seis de los siete jueces, solicitó que se declare ilegítima la facultad discrecional de administrar fondos públicos destinados a la pauta (publicidad) oficial censurando a Canal 13.

Los magistrados calificaron como inadmisible el recurso presentado por el Estado y citaron sentencias precedentes a favor de los diarios Río Negro y Perfil, en lo que se estableció que existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos.

En sus consideraciones la Suprema Corte sostiene que el Estado deberá cumplir con la sentencia tanto por los casos precedentes como por su rol de garante de la libertad de expresión e indica que el incumplimiento de la medida constituiría un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en un estado de derecho y, en consecuencia, causa un grave deterioro del estado constitucional democrático, como señalan los magistrados Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La jueza Elena Highton de Nolasco adhirió con una opinión propia.

A su vez, los magistrados Enrique Petracchi y Carmen Argibay plantearon objeciones técnicas al entender que el recurso presentado por el Estado no era admisible, pero coincidieron en la importancia de las resoluciones del mismo tribunal en las sentencias dictadas sobre la materia (en los casos de Río Negro y Perfil).

Eugenio Zaffaroni, uno de los juristas más reconocido a nivel mundial fue el único que solicitó que se le dé vista a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, para que emita una oposición sobre esta resolución.

En otro ángulo de esta situación, el ex teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati, de 72 años, y quien cumplió tareas como capitán del Destacamento de Inteligencia 101, dependiente del Batallón 601 del ejército, durante la pasada dictadura (1976-1983), reveló que desde su oficina encargaban al diario El Día, de La Plata, y a la emisora estatal Radio Provincia tareas de recopilación de información entre la población.

Durante una indagatoria realizada ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1, que lo juzga en La Plata por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó en las afueras de la capital bonaerense, Palavezzati sostuvo que mediante esas tareas realizaba sus informes de inteligencia.

Eran encuestas para conocer el estado de ánimo de la gente, dijo el ex militar. Se hacía un tipo de encuesta mínima en la vía pública, de forma reservada. Eran conversaciones informales en la calle, en la cola del banco, etc. Esa gente no sabía que era una actividad de inteligencia, explicó a los jueces, refiere hoy el diario Tiempo Argentino.

Como jefe de la Sección de Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia de esa ciudad reveló que estas encuestas eran encargadas al diario El Día y Radio Provincia y que no era personal del destacamento el que salía a la calle.

El militar detalló que esas tareas apuntaban a determinar cómo las decisiones de la junta militar "influían en la población; si tenían expectativas positivas, si había indicios de desbordes”.

Las declaraciones causaron impacto y evidenciaron otro esquema de complicidad mediática con la dictadura, casi todos ellos medios poderosos, y de grandes familias del poder.