El Senado aprobó en comisiones las reformas a la ley contra la trata, que a partir de estos cambios se denominará Ley General en Materia de Trata de Personas, la cual señala nuevos tipos penales y agrava las sanciones, que llegarán a 50 años de prisión.

Las comisiones unidas de Derechos Humanos, contra la Trata de Personas y de Justicia sostuvieron que los cambios derivan de las reuniones que sostuvieron con integrantes de la academia, de organizaciones sociales y civiles, así como con especialistas y autoridades de procuración y administración de justicia.

Se precisa que se sancionará con penas hasta de 30 años de prisión y multa de 2 mil 60 días de salario a quien procure, promueva, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio a un menor de 18 años –así como a una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirse a éste– a realizar de forma real o simulada un acto sexual o de exhibicionismo corporal de carácter lascivo, con el fin de videograbarlo, audiograbarlo, fotografiarlo, imprimirlo o exhibirlo por medio de un anuncio impreso o la transmisión de archivo de datos en una red pública o privada de telecomunicaciones.

Se castigará con cárcel hasta por 25 años y multa de mil 20 días de salario a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio que una persona viaje en territorio nacional o al extranjero para realizar acto sexual con un menor de 18 años.

Se penalizará de 20 a 25 años de prisión a quien someta a otra persona a explotación, extrayéndole algún órgano, tejido o componente; asimismo, cárcel hasta por siete años a quien solicite o contrate un medio impreso, electrónico o cibernético para publicar un anuncio que promueva esa conducta delictiva.

Se sancionará a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico, cibernético o cualquier otro que incumpla esa ley y procure conductas delictivas.

Los senadores apuntaron que la ley vigente no identifica de forma correcta el bien jurídico tutelado, sino señala seis distintos: la vida, la dignidad, la integridad, la libertad, la seguridad y el libre desarrollo, lo que implica que para cometer ese delito se deben poner en peligro o lesionar todos y cada uno.

Por lo anterior, explicaron, era necesario identificar de forma correcta el bien jurídico protegido.

Cuando el procesado sea servidor público o haya sido condenado por ese delito la pena aumentará hasta 50 por ciento. Hoy pasa al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.

Por la noche las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron la minuta que les envió la Cámara de Diputados para reformar diversos ordenamientos que fortalecen el combate al terrorismo, con los que se busca imponer de 15 a 40 años de cárcel a quien cometa este delito.

Se avalaron modificaciones a tres códigos, así como las leyes federales contra la delincuencia organizada, entre otras.