stá abierta una discusión pública con respecto a un tema muy controvertido desde la década de 1980 pero que sigue vigente: las privatizaciones. El semanario The Economist propone la siguiente cuestión: ¿es tiempo de que los gobiernos lancen una nueva ola de privatizaciones?
Hay dos posturas que enmarcan el debate. La primera dice que el gran desafío de los gobiernos es retener los beneficios derivados de la propiedad privada y al mismo tiempo mantener la responsabilidad colectiva de la gestión de los bienes de tipo social y de la infraestructura. Y remata señalando que esto es difícil pero no imposible.
La segunda postura dice que los gobiernos soberanos disponen de herramientas de política fiscal y monetaria con las que administrar los problemas del endeudamiento público. Por ello no tienen que correr el riesgo e incurrir en el costo social de una nueva ronda de privatizaciones.
Existen, por supuesto, distintas condiciones en torno a estas propuestas; no es lo mismo el caso de algunas economías europeas que hoy están en quiebra, como Grecia, donde la venta de los activos públicos va a cubrir enormes déficit públicos, que otros casos en los que se privatiza la explotación de recursos naturales como el petróleo y, de ahí, la producción de combustibles, materias primas industriales y la generación de electricidad.
Las decisiones ocurren en circunstancias distintas y en entornos políticos diversos; también son diferentes las condiciones de los mercados en los que se privatiza, por ejemplo, el carácter monopólico o no de los activos que dejan de ser públicos.
Las privatizaciones significan un intercambio de activos. El gobierno cede el control de los activos físicos a cambio de efectivo. El inversionista privado busca esencialmente altos rendimientos derivados de los activos públicos que ahora controla y en un periodo determinado. Esto exige algún tipo de acceso o de control sobre la infraestructura disponible, en muchos casos también de carácter público, que tienen que producir los flujos de efectivo requeridos, pero ya no están disponibles como creadores públicos de valor. He ahí una de las contradicciones relevantes del asunto asociado con privatizar. Es por ello tan relevante y conflictivo privatizar los recursos de un monopolio público y esta no es una cuestión abstracta o de libro de texto, sino eminentemente de orden político e institucional.
No se trata, pues, solo de una transferencia de la capacidad de explotar los recursos que ahora son públicos, sino que esto va atado a la redefinición del carácter y del uso de los activos y, sobre todo, y esto es clave, de flujos de efectivo que se derivan y de las ganancias que sean suficientes para justificar las inversiones privadas que se hacen. Estas incluyen un amplio conjunto de relaciones financieras cuyos participantes también exigen una ganancia acorde con sus expectativas.
Producción, financiamiento, control, ganancias y recursos fiscales son, todos ellos, elementos de una compleja decisión política y de negocios. Los rendimientos de las inversiones tienen que ver con la relación entre los costos y los precios, ese es el terreno en el que se dirime todo el asunto de privatizar. Los productos: petróleo, gasolina, gas, petroquímicos, electricidad deben ser vendidos y comprados a un cierto precio para que el esquema funcione. Si el gobierno debe subir el precio de los energéticos de modo continuo y acelerado aprovechando su carácter monopólico, lo mismo debe pasar en una estructura industrial oligopólica tan bien estructurada como la de las empresas petroleras mundiales.
Está, por supuesto, el argumento acerca de la ineficiencia que crea el control político de la propiedad pública. Esto provoca que haya redundancia en los trabajadores, salarios más elevados que en otras industrias y una mala asignación de las inversiones. A lo que se puede añadir un ineficaz uso de los recursos obtenidos en términos fiscales. Los políticos, se afirma en el debate de marras, no resisten la tentación de usar las empresas estatales para crear sus propios nichos de control y apoyarse en grupos de interés para sus propios fines. No es trivial la situación en la que los arreglos legales e institucionales generen defensas muy eficaces para el ejercicio del oportunismo político, el patronazgo y la reproducción de condiciones de muy grande ineficiencia y altos costos para la población.
Los términos del debate están planteados y se pueden ampliar mucho más cuando se tratan casos específicos de privatización de activos públicos y sus consecuencias. Pero puede tomarse aquí una de las conclusiones de la discusión auspiciada por The Economist: los resultados de la privatización están profundamente afectados por el entorno institucional en el que se da la cesión de los derechos públicos de propiedad al sector privado. Se requiere un sistema creíble de gestión regulatoria, mediante autoridades independientes que tengan la libertad requerida respecto del poder político y de los intereses privados para una transición favorable de la propiedad estatal a la privada. ¡Vaya, nada más y nada menos!
