Madrid, 8 de febrero

La infanta Cristina, la hija menor de los reyes de España, compareció hoy ante el juzgado de Palma de Mallorca, donde respondió durante seis horas a las preguntas del juez instructor, José Castro, y del fiscal, Pedro Horrach como imputada por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documentos, evasión fiscal y desvío de fondos públicos en un caso de corrupción en el que está involucrado su marido Iñaki Urdangarin.

De esta manera, Cristina Federica de Borbón y Grecia se convirtió así en la primera integrante de una casa real europea en testificar ante un tribunal.

El tono de su declaración fue el previsto: aseguró no recordar ni saber sobre los detalles de su vida cotidiana y responsabilizó a su esposo, Iñaki Urdangarin, de la gestión de las dos empresas que crearon para urdir el supuesto fraude, Aizoon e Instituto Nóos.

Alrededor de las 10 de la mañana la infanta llegó al juzgado en un vehículo oficial. Cristina fue llevada hasta la puerta trasera, donde sólo tuvo que caminar cuatro pasos antes de entrar al juzgado. Sólo escuchó de lejos los silbidos y los gritos en contra que lanzaron 300 personas que se concentraron en el lugar para exigir una III República ante la ola de corrupción que azota a la familia real.

También a diferencia que el resto de ciudadanos, la hija de los reyes tampoco tuvo que pasar por el detector de metales ni identificarse para poder entrar al inmueble.

Una vez frente al juez José Castro, Cristina escuchó centenares de preguntas relacionadas con el funcionamiento y la contabilidad de las empresas familiares Nóos y Aizoon, del que ella era dueña de 50 por ciento y su marido de la otra mitad. Estas dos empresas fueron creadas por Urdangarin y su socio, Diego Torres –también imputado– para gestionar contratos con administraciones públicas, sobre todo en Valencia, Palma de Mallorca y Madrid –gobernadas por el Partido Popular (PP)–, por trabajos que ni siquiera realizaron.

La mayoría de las respuestas de la infanta a las preguntas del juez sobre los gastos de su vida diaria pagados por estas empresas que a su vez se nutrían de fondos públicos fueron evasivas: no lo sé, no me consta, no lo recuerdo o lo hice porque confiaba en mi marido.

Con ello descargó toda la responsabilidad en Urdangarin. Entre los datos arrojados a lo largo de la instrucción consta el importe hasta de 698 mil 824 euros que los también duques de Palma destinaron desde su sociedad a gastos estrictamente particulares.

La hija menor de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, ha protagonizado, junto con su esposo, uno de los mayores escándalos de la vida pública española de las últimas décadas, que además ha provocado una crisis inédita en la credibilidad y prestigio de la casa real.

A pesar de la expectación que había por la comparecencia de Cristina, únicamente se manifestaron en las inmediaciones del juzgado unas 300 personas, que portaron banderas republicanas y gritaron consignas contra la monarquía.

Silbidos y gritos se escucharon hasta el interior de la sala en la que testificó la infanta, según confirmaron los abogados presentes en el interrogatorio.

Entre los mensajes que se leían en la concentración destacaron: El rey no da golpe (no trabaja) desde el 23-F; España está con los jueces valientes; Mañana España será republicana o Cristina, bombón, por qué no me haces un talón (cheque).

En la concentración también se denunció la política de recortes a la educación pública y la sanidad emprendida por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.