México se ubica entre los primeros 10 países productores de oro a nivel mundial de acuerdo con cifras del Inegi y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

En el Resumen de materias primas minerales 2013, la institución estadunidense ubicó al país en el lugar numero 11 de la tabla global con una producción de 87 toneladas al cierre de 2012, pero según la Cámara Minera, tal posición es conservadora si se considera que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ese año se produjeron 96.5 toneladas.

Con ese nivel de producción el país se ubicaría en la octava posición ligeramente por encima de Indonesia, Uzbekistán y Ghana.

Según datos del Inegi, en los primeros 11 meses de 2013 México produjo 85.6 toneladas de oro, con un promedio mensual de 7.7 toneladas del mineral.

Las 96.5 toneladas producidas en el país en 2012 tuvieron un valor de 68 mil 254 millones de pesos, un incremento de 28.2 por ciento respecto del valor de la producción minero-metalúrgica del año previo, que alcanzó 53 mil 220 millones de pesos.

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos vigente, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagan 5 pesos con 91 centavos semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, por concepto de derecho sobre minería, durante el primer y segundo año de vigencia de la concesión.

Para el tercero y cuarto años de vigencia, el pago es de 8 pesos con 83 centavos; de 18 pesos 26 centavos durante el quinto y sexto año; de 36.73 pesos al séptimo y octavo año de vigencia y de 73.44 pesos durante el noveno y décimo año de vigencia.

La misma ley establece que a partir del decimoprimer año de vigencia, los concesionarios pagan 129 pesos con 24 centavos.

En la reforma fiscal de 2013 se adicionó un artículo a la Ley Federal de Derechos a través del cual se estipuló un derecho especial de 7.5 por ciento a las ganancias mineras.

Para el caso de los titulares de concesiones y asignaciones para la explotación de oro, plata y platino, se fijó un derecho adicional de 0.5 por ciento, por lo cual la tasa final para la explotación de esos metales quedó en 8 por ciento, ya que los procesos para extraerlos afectan el entorno donde se encuentran.

En el documento a través del cual se sustentó la necesidad de dicho cobro, el gobierno mexicano argumentó que en el ámbito internacional las regalías mineras son consideradas una compensación para el Estado por el agotamiento de recursos no renovables.