Los funcionarios universitarios deben ser más tolerantes ante las expresiones de miembros de la comunidad estudiantil que consideren que les ocasionaron daño moral o que las afecten en su ámbito profesional, señala el proyecto de dictamen que resolverá este viernes la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El proyecto, elaborado por Juan Ramón Cossío, da la razón a una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien fue acusada por daño moral a raíz de que se quejó en las redes sociales y en escritos que difundió entre la comunidad universitaria, de que injustificadamente no fue admitida en un curso de posgrado, y señaló a la maestrea María Eugenia Olavarría Patiño como responsable.

Dolores Coronel Ruiz solicitó su ingreso al posgrado y fue rechazada, pero al pedir una explicación a Olavarria Patiño sobre las razones por las que no fue aceptada, ésta argumentó cuestiones que no estaban previstas en la legislación universitaria ni en la convocatoria respectiva.

La profesora interpuso una demanda por daño moral en su contra, por considerar que las acusaciones no tenían nada que ver con sus funciones y que los escritos le habían causado daño a su honor y a su prestigio profesional.