Mérida, Yuc., 6 de febrero.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra. defensor de derechos humanos de los migrantes, aseguró que no es ninguna exageración considerar la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) y de sus delegaciones estatales por sus actos de corrupción.

Puso de ejemplo que en Quintana Roo se han encontrado cajones repletos de dinero de dos delegados del INM, de tanta extorsión que padecen los migrantes provenientes de Cuba y los que pueden entrar por el Caribe, y agregó que en Yucatán no están exentos de esa situación.

Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el camino, que ofrece asistencia humanitaria e integral, dijo que la promoción de los derechos humanos de los migrantes es un tema central que la Federación no ha desarrollado, en Estados Unidos ven a los migrantes como terroristas y una amenaza.

El director de la casa del migrante La 72, de Tenosique, Tabasco, Fray Tomás González Castillo, indicó que Yucatán no está exento del complejo migratorio y de los problemas, delitos y violaciones a los derechos humanos contra los migrantes.

Agregó que “los municipios del sur de Yucatán son, por demás, expulsores de migrantes y a cada rato somos testigos de que se murió, por ejemplo, alguien del municipio de Maní –en el sur del estado– y viene el cuerpo repatriado… ¡y qué decir de Campeche, la península de Yucatán no se salva!”, destacó.

Durante el primer Foro de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, convocado por la Universidad Marista, Fray Tomás mencionó que cuando se habla de la desaparición del INM, la parte oficial insiste en que es una exageración tomar esta medida, porque en algunas delegaciones están trabajando bien.

Por su parte, Norma Romero Vázquez, del grupo denominado Las Patronas, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, y Premio Nacional en Derechos Humanos 2013, indicó que la Ley de Migración solamente ha servido para tener más conocimiento, porque los reglamentos no se están poniendo en práctica.

“Las personas no migran por gusto, nadie sale de su país sólo por pasear, lo hacen porque el trabajo se está agotando en su lugar de origen, porque quieren tener a su familia bien y pasan peripecias, venden sus cosas para poder cruzar, se arriesgan en La Bestia, donde les cobran 100 dólares por cada estación de tren.

Las leyes lo único que hacen es empeorar la situación, porque el migrante sigue sufriendo, está pasando por una situación donde cada día son más perseguidos; cada día hay más discriminación y eso es algo que nosotros, como organización, hemos tenido que aprender a hacerlo, no sólo dando un plato de comida, sino llevando el mensaje, la reflexión, apuntó Norma Romero.