El gobierno federal actuará contra funcionarios michoacanos hasta que cuente con denuncias formales y elementos suficientes de prueba que acrediten su presunta vinculación con grupos del crimen organizado que operan en esa entidad, para evitar descalabros jurídicos como los ocurridos en anteriores administraciones, señalaron fuentes del gabinete de seguridad nacional.

De acuerdo con los funcionarios consultados, las investigaciones que se han iniciado no han aportado elementos sólidos que acrediten la participación de servidores públicos estatales, aunque en algunos casos han aparecido señalamientos contra elementos de las policías municipales.

Los trabajos de inteligencia que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial, están encaminados a localizar información que permita identificar a los integrantes o colaboradores del cártel de Los caballeros templarios, ya sea en actividades de producción o trasiego de drogas, así como en delitos como extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, explicaron las fuentes, la Sedena reportará a las autoridades ministeriales, ya sea la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, la existencia de armas que, de acuerdo con peritajes, estén involucradas en hechos delictivos.

Según los entrevistados, al Ministerio Público Federal no le bastará con señalamientos aislados para indagar las actividades o bienes que posean servidores públicos estatales o municipales que presuntamente tienen relación con el crimen organizado en la entidad.

Por esa misma razón, apuntaron, no se ha iniciado ninguna averiguación previa formal en contra de la cantante de banda Melissa Plancarte, hija de Enrique Kike Plancarte, líder de Los caballeros templarios, pues no se cuenta con evidencia alguna sobre su participación en el grupo delictivo.