La Habana, 5 de febrero.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron al ex presidente Álvaro Uribe de estar detrás del presunto espionaje a los delegados del gobierno colombiano en el diálogo de paz, algo que el mandatario Juan Manuel Santos atribuyó a fuerzas oscuras y de lo que analistas responsabilizan a gente sectaria enquistada en el ejército.

El ex presidente derechista Álvaro Uribe está detrás de esto y él es el enemigo público número uno de la paz en Colombia, dijo aquí a la prensa Iván Márquez (Luciano Marín Arango), jefe negociador de las FARC en las conversaciones de paz, iniciadas en noviembre de 2012.

Aquí no solamente se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC, agregó Márquez, quien afirmó que esto que está sucediendo, que es realmente grave, debe responderlo (aclararlo) el gobierno de Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles que fijó un plazo de 10 días para que dé resultados la investigación interna del ejército sobre las presuntas escuchas ilegales al equipo negociador del gobierno con el grupo rebelde de las FARC.

Le he dado instrucciones precisas al inspector del ejército para que esa investigación produzca resultados a más tardar a finales de la semana entrante, dijo Santos en un acto oficial.

Es una investigación que no debe ser difícil de realizar porque lo que tienen que verificar es si la inteligencia que estaban haciendo (los militares) era algo normal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita, explicó el mandatario.

Las presuntas escuchas fueron denunciadas por la revista colombiana Semana. La publicación informó que elementos del ejército habrían instalado en 2012 una oficina para interceptar ilegalmente comunicaciones de diversas personalidades de Colombia, incluidos los negociadores de paz Humberto de la Calle (jefe del equipo), Sergio Jaramillo y Alejandro Eder.

Santos afirmó que la situación era totalmente inaceptable y que buscaba frustrar los diálogos de La Habana, que intentan poner fin a una guerra interna de medio siglo, el último conflicto armado en América Latina.

Las delegaciones del gobierno y guerrilleros han consensuado hasta ahora los temas de desarrollo rural y participación política, y actualmente debaten sobre drogas ilícitas. En la agenda figuran también los puntos de reparación a las víctimas y abandono de las armas, así como el mecanismo para refrendar el eventual acuerdo de paz.

Este episodio demuestra que en los sectores institucionales aún hay gente sectaria e ideologizada. No son sectores grandes dentro de la fuerza pública, pero están bien posicionados, dijo a la Afp en Bogotá el analista Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Desarrollo, especializada en el conflicto colombiano.

Sin embargo, Ávila dijo que las escuchas no ponen en peligro el proceso de paz, pero pueden causar daño.

Dos jefes de inteligencia militar fueron relevados de sus cargos el martes por este caso, según anunció el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien informó también que habrá investigaciones dentro del ejército, aparte de una pesquisa abierta por la fiscalía.

Paralelamente, un grupo de dirigentes de izquierda, entre ellos el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y activistas de derechos humanos, denunciaron haber recibido amenazas de muerte del grupo delictivo Águilas Negras, integrado en parte por ex paramilitares de derecha.

Entre los dirigentes amenazados figura el candidato al Congreso del izquierdista Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, quien dijo a Afp que esas amenazas forman parte de una campaña que busca desestabilizar el país y sembrar zozobra para sabotear el proceso de paz en La Habana.